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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) exigió a la Cámara de Diputados dar marcha atrás al proceso de reforma de la Ley General de Víctimas (LGV), encaminada a desaparecer el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), “en nombre de una falsa austeridad y de los estragos de la emergencia sanitaria”.
Tras recordar que inició su lucha por una LGV en 2011, el MPJD lamentó que las modificaciones propuestas por la bancada de Morena “en ningún momento se consultaron abiertamente con las víctimas; aprobarlas sin discutirlas con ellas reduce sensiblemente la posibilidad, negada constantemente por el Estado, de que algún día puedan alcanzar la verdad, la justicia y la reparación del daño a la que tienen derecho y por la que tanto han luchado”.
El MPJD demandó a los legisladores “detener el proceso de reforma y abrir un diálogo público de parlamento abierto”, e hizo un llamado a la Cámara de Diputados para “llevar a cabo las acciones necesarias para velar por el principio de participación conjunta en las decisiones que afectan a las víctimas”.
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De igual manera, alertó que el dictamen emitido por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, dirigido a “reformar y derogar diversas disposiciones relacionadas con decenas de fideicomisos públicos”, incluyó de último momento, “sin ser sometidas a un ejercicio de parlamento abierto, reformas y derogaciones a la LGV que, en caso de aprobarse, representarían un retroceso y la suspensión de los derechos por los que las víctimas han luchado durante la reciente década”.
Recordó que el FAARI “constituye un avance del Estado mexicano en la garantía de los derechos de ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas”, ya que obliga a la Cámara de Diputados a dotar del 0.014% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y “blinda el presupuesto de ser utilizado con fines gubernamentales o políticos”.
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Añadió: “Si el FAARI desaparece, y el presupuesto dedicado a la atención a las víctimas se reduce a atenderlas con fondos de tipo ordinario, se corre el riesgo de un uso discrecional del mismo, que podrá disminuir e incluso desaparecer en función de las actividades que el gobierno considere prioritarias, como por ejemplo la militarización del país o la construcción de obras de infraestructura faraónica e inoperante que amenaza la vida de los territorios indígenas”.
Aunado al recorte presupuestal, el MPJD advirtió que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados pretende derogar el artículo 133 de la LGV, lo que “hará que el uso de los recursos en favor de las víctimas se vuelva susceptible de cargas fiscales”.
El Movimiento criticó que, pese a la consigna del gobierno de Andrés Manuel López de “primero los pobres”, en los hechos pasa por alto que “la mayoría de las víctimas enfrentan una doble pobreza: la del asesinato o desaparición de sus seres queridos y la de carecer del dinero suficiente para sostenerse mientras continúan su búsqueda de verdad y justicia”.
Abundó: “abandonarlas a su precariedad, en nombre de una falsa austeridad y de sus estragos de la emergencia sanitaria, no es sólo una grave irresponsabilidad por parte del Estado, sino una traición a sus ideales”.
Para el MPJD, en el que confluyen decenas de colectivos de víctimas, “mientras no se sustituya el actual modelo de seguridad por una agenda plural e incluyente de construcción de paz en democracia; mientras no se trabaje seriamente en un modelo de Justicia Transicional, cuya base está en la LGV y en el Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV), el tipo de modificaciones que la actual legislatura pretende hacer a una institución fundamental para enfrentar la tragedia humanitaria que vive el país, sólo reforzará la injusticia, la impunidad, la revictimización y el crimen”.
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