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TOLUCA, Edomex. (apro).- Encabezados por el abogado Paulo Díez, un grupo de ciudadanos tomó simbólicamente el Viaducto Elevado Bicentenario para exigir que el gobierno federal revoque la concesión a OHL (hoy Aleatica), dado que un tramo fue construido sobre vías propiedad de la nación.
A la movilización fue invitado formalmente el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, pero el funcionario no llegó. Díez Gargari confió en que su ausencia fue motivada por la recuperación satisfactoria del servidor público, quien hace unas semanas anunció que contrajo covid-19.
Y recordó que el 25 de octubre de 2019, al resolver una solicitud de información, la Dirección General de Desarrollo Carretero reconoció: “el gobierno federal no ha suscrito, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni de esta Dirección General, algún convenio, contrato, acuerdo, permiso, autorización o licencia en favor del gobierno del Estado de México, que le dé el derecho a otorgar en concesión la construcción, operación, explotación y mantenimiento de una autopista en los tramos Periférico Manuel Ávila Camacho desde el Toreo de Cuatro Caminos a Valle Dorado, en Tlalnepantla (km 23+000 de la autopista México-Querétaro y del km 23+000 al km 44+000 de la autopista México-Querétaro en Tepotzotlán)”.
El Viaducto Elevado Bicentenario fue construido sobre la vía federal referida, mientras la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) determina que éstas son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no pueden ser sujetas a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, o de alguna otra por parte de terceros.
El artículo sexto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF) establece que se requiere título de concesión de la SCT para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales.
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El mismo ordenamiento, en su artículo 75, advierte: “el que sin haber previamente obtenido concesión o permiso de la Secretaría opere o explote caminos, puentes o terminales, perderá en beneficio de la Nación, las obras ejecutadas y las instalaciones establecidas”.
Añade: “Una vez que la Secretaría tenga conocimiento, procederá al aseguramiento de las obras ejecutadas y las instalaciones establecidas, poniéndolas bajo la guarda de un interventor, previo inventario, y luego concederá un plazo de 10 días hábiles al presunto infractor para que presente las pruebas y defensas que estime pertinentes; pasado este término, la Secretaría dictará la resolución fundada y motivada que corresponda”.
El artículo 523 de la Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC) determina: “el que sin concesión o permiso de la SCT construya o explote vías federales de comunicación, perderá en beneficio de la Nación las obras ejecutadas, las instalaciones establecidas y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la explotación y pagará una multa”.
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En tanto, el 524 obliga a la Secretaría, tan pronto como tenga conocimiento de la infracción, “al aseguramiento de las obras ejecutadas, las instalaciones establecidas y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la explotación de la vía de comunicación, ocupación de la zona federal o playas, de las vías flotables o navegables, poniéndolos bajo la guarda de un interventor especial, previo inventario que se formule.”
Además, el artículo 150 de la LGBN determina que el uso, aprovechamiento o explotación de un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido previamente la concesión correspondiente, es un delito que se sanciona con prisión de dos a 12 años.
Paulo Díez adelantó que mañana notificará al titular de la SCT sobre el acto de recuperación, en espera de que precise si la dependencia está dispuesta a retomar el bien, pues de otra manera permitirá a Aleatica cometer un delito para beneficiarse, en perjuicio de la nación.
También afirmó que el movimiento, al que se sumaron diputados locales como Max Correa y Faustino de la Cruz –ambos de Morena y quienes desde tribuna han promovido exhortos, aprobados por unanimidad, en favor de la recuperación y transparencia del inmueble–, es auténticamente ciudadano, por lo que caben todas las ideologías políticas y creencias religiosas.
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