CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Consejo de Salubridad General y a la Secretaría de Salud del gobierno federal, considerar a las personas privadas de la libertad entre los beneficiarios de dosis de vacunas contra el covid-19.
“El Estado debe suministrar hasta el máximo de sus recursos todos los insumos médicos, humanos y de infraestructura hospitalaria para prevenir contagios por covid-19 en centros penitenciarios”, destacó Rosario Piedra Ibarra en un comunicado donde anunció el inicio de la supervisión penitenciaria.
La ombudsperson reconoció que, si bien la vacuna para prevenir la propagación del SARS-CoV2 aún no está disponible, consideró que deberá ponerse a disposición de todos los mexicanos, por lo que exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno que, en el ámbito de sus competencias, “destinen los recursos públicos y económicos necesarios que garanticen dosis suficientes en centros penitenciarios”.
Al anunciar el inicio de las visitas de supervisión en los distintos centros penitenciarios federales, estatales y militares para elaborar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, a cargo de la Tercera Visitaduría General, Piedra Ibarra recordó que desde el 3 de abril pasado el organismo puso en marcha el Mecanismo de Monitoreo Nacional por Covid-19, para documentar la propagación del virus en dichas instalaciones “con la finalidad de generar datos y medición que fuera referente para la adecuada y oportuna toma de decisiones” .
La declaración de la presidenta de la CNDH surge después de que decenas de organizaciones sociales exigieron la activación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), “para tomar acciones frente a las violaciones de derechos humanos contra las personas privadas de la libertad en el contexto de la emergencia sanitaria por covid-19”.
Tras señalar que el Monitoreo de la CNDH está “rebasado” al mantenerse “las malas condiciones de internamiento, hacinamiento y sobrepoblación”, así como el desinterés para realizar pruebas de contagio entre la población penitenciaria, las organizaciones urgieron a Piedra Ibarra a hacer uso de sus facultades, luego de considerar que “la falta de acceso a la salud al interior de los centros penitenciarios es considerada como tortura”.
Estimaron que cinco recomendaciones emitidas por el organismo no han modificado las condiciones de los penales del país, y advirtieron que las personas privadas de la libertad están expuestas al contagio de covid-19 “al no contar las cárceles con las medidas suficientes y adecuadas para hacer frente a la pandemia”.
Subrayaron: “Es el Estado quien está obligado a proteger a todas las personas contra actos de tortura, y esta obligación se traduce, según el exrelator de Tortura de la ONU, Juan Méndez, en garantizar condiciones dignas en los centros penitenciarios”.
Las organizaciones civiles, encabezadas por Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), alertaron que la pandemia “no puede constituir una justificación para suspender, restringir o limitar el derecho a la prohibición de la tortura, tratos inhumanos, crueles o degradantes, especialmente si tomamos en cuenta la vulnerabilidad continua de la cual son víctimas las personas privadas de libertad, por depender totalmente de las autoridades penitenciarias para la satisfacción de sus necesidades básicas”.
La petición de intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) fue expuesta por 87 organizaciones de 23 estados que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), así como por Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos; Albergue Tochan; ALUNA, Acompañamiento Psicosocial; Casa de las Muñecas Tiresias, y Casa Hogar Paola Buenrostro, ente otras.
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