MÉRIDA, Yuc., (apro).- Representantes de las asociaciones civiles a las que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó el pasado 28 de agosto de recibir financiamiento de fundaciones extranjeras para oponerse al proyecto del Tren Maya, respondieron al mandatario que “el disenso en una democracia es legítimo y deseable”.
“La cooperación internacional para el desarrollo es legal y el mismo gobierno es beneficiaria de ella”, añadieron, y exigieron al presidente una disculpa pública.
Los portavoces del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Diálogo y Movimiento; Indignación y Fundación para el Debido Proceso Legal sostuvieron que “la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza fortalece la democracia y no debe criminalizarse”.
Asimismo, denunciaron que las personas defensoras indígenas que se oponen a megaproyectos son objeto de agresión, intimidación, amenazas y en algunos casos son asesinadas.
En conferencia de prensa, conjunta y virtual, también agradecieron las muestras de solidaridad y apoyo que recibieron por parte de personas y organizaciones nacionales e internacionales tras las acusaciones de la presidencia.
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Argumentaron que “el disenso es legítimo y deseable en una democracia, en un marco institucional y de respeto mutuo” y destacaron que cualquier mexicano que considere que un acto de autoridad viola sus derechos humanos, “está en su derecho de ejercer una legítima defensa legal, ya sea de forma individual o colectiva”.
Recordaron que ese y otros derechos están consagrados en la Constitución federal, además de que “son compromisos internacionales asumidos libre y soberanamente por México” y, por tanto, el gobierno está obligado legalmente a cumplirlos y respetarlos.
Añadieron que los megaproyectos han explotado y destruido territorios de los pueblos indígenas, reduciendo su autonomía, sus ecosistemas y el goce y disfrute de sus derechos humanos.
“Las personas y colectivos defensores indígenas que se han opuesto a los megaproyectos han sido objeto de múltiples agresiones e intimidaciones que en algunos casos han llevado a su encarcelamiento y hasta su ejecución, como se ha documentado ampliamente”, reclamaron.
Y reiteraron su rechazo al Tren Maya, puesto que ese megaproyecto entraña “graves riesgos e impactos ambientales, sociales económicos y patrimoniales, como han advertido comunidades, académicos, organizaciones e incluso instancias del mismo gobierno federal”.
Reprocharon que ese proyecto “no fue decidido por el pueblo maya, ni por otro pueblo indígena mexicano” y que la consulta respectiva incumplió los estándares internacionales de derechos humanos.
Además, recalcaron, “el mismo nombre busca apropiarse de la denominación cultural indígena del pueblo maya, con el propósito de hacerlo más amigable”.
Los activistas añadieron que, ante tales violaciones a sus derechos humanos, “han sido varias comunidades indígenas quienes, en ejercicio de su derecho a defender su territorio, han decidido impugnar, con el acompañamiento de las organizaciones civiles, este proyecto”.
Y denunciaron que “ante el libre ejercicio del derecho al acceso a la justicia, el gobierno federal ha iniciado una campaña de deslegitimación del trabajo de las organizaciones civiles a través de agresiones a organizaciones defensoras e indígenas, y, de manera reciente, a través de una campaña mediática que pretende hacer ver la cooperación internacional como ilegal”.
En ese sentido, revelaron que el pasado 17 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) y otras instituciones recibieron una denuncia en contra de organizaciones que se han manifestado críticamente ante el proyecto Tren Maya.
“Atacar la labor de las organizaciones de derechos humanos, no solo implica una grave violación al universal derecho a defender los derechos humanos, sino también tiene como objetivo invisibilizar que son las y los integrantes de las propias comunidades quienes se oponen a un proyecto que impactará de manera irreparable su territorio y forma de vida”, respondieron.
Reiteraron que los amparos que indígenas de varias comunidades de la Península de Yucatán interpusieron en contra del Tren Maya son “un camino dentro del marco institucional para oponerse a un proyecto que viola los derechos humanos al territorio, a un medio ambiente sano, al agua, al consentimiento libre, previo e informado, a la salud, a su vivienda, a su hábitat y a la vida”.
“Personas de diversos sectores sociales, particularmente personas defensoras indígenas y rurales, así como organizaciones de la sociedad civil, hemos enfrentado ataques, persecuciones, criminalizaciones, ejecuciones, agresiones, así como intentos de deslegitimación y estigmatización”, insistieron.
Expusieron que el CEMDA documentó más de 500 de esas agresiones solo en el periodo comprendido de enero de 2012 a diciembre de 2019.
Lamentaron que el gobierno de López Obrador haya optado por criminalizar el trabajo de los defensores indígenas y de las organizaciones de la sociedad civil.
“Queremos enfatizar que nuestro trabajo en décadas ha sido en favor de los derechos humanos, el bienestar de las personas y comunidades, y de todos los seres vivos con los cuales coexistimos en este planeta, muchas de estas acciones relegadas o abandonadas por el Estado”, sostuvieron.
Asimismo, argumentaron que, en ese sentido, “la cooperación internacional para el desarrollo es legal, así como los donativos de particulares, empresas y fundaciones nacionales e internacionales”.
“Es un derecho humano la solidaridad entre los pueblos y estos trascienden a sus gobiernos y, en este sentido, el propio gobierno mexicano hace uso de la cooperación internacional y otorga recursos para la defensa de derechos humanos”, añadieron.
Explicaron que los recursos económicos con los que trabajan “siempre han sido transparentes y tienen como propósito fortalecer las capacidades para la exigibilidad y defensa de los derechos humanos de las personas y colectivos”.
“Cumplimos en tiempo y forma con nuestras obligaciones fiscales, y somos frecuentemente auditados sobre el destino de estos recursos, ejercemos nuestros derechos y cumplimos nuestras obligaciones conforme al derecho mexicano”, aseguraron.
Finalmente, advirtieron que continuarán “alzando la voz cada vez que se cometen violaciones de derechos humanos, cada vez que una persona defensora sea agredida, cada vez que un ecosistema sea degradado”, y subrayaron que su trabajo los acredita.
“Actualmente trabajamos con comunidades campesinas e indígenas en temas como la regularización de la tenencia de la tierra, en la regulación de su vida interna, en la excarcelación de presos y presas indígenas, en capacitación de intérpretes traductores indígenas, en la capacitación en derechos humanos en general por la contaminación del agua por glifosato, la explotación minera y afectaciones de proyectos de energía, el fortalecimiento de capacidades locales para el control de los bienes comunes y del territorio, entre muchos otros”, enlistaron.
Y exigieron a López Obrador “una disculpa pública por las agresiones directas dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil que hemos trabajado en defensa de los derechos humanos de todos y todas, emitidas por él en su conferencia de prensa”.
“De su gobierno y autoridades de todos los niveles de gobierno, exigimos el respeto a las garantías a los derechos humanos de las personas defensoras, especialmente de quienes defienden su autonomía y libre determinación, su territorio, su medio ambiente y sus bienes naturales”.
En particular, solicitaron a la FGR “el estricto apego al Estado de Derecho y a los derechos humanos en las investigaciones que se hayan eventualmente comenzado en contra de las personas defensoras, sin que sean utilizadas como mecanismos de criminalización e intimidación”.
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