MÉRIDA, Yuc. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) recibió mil 546 solicitudes de atención durante el primer semestre del año, gran parte de ellas por acciones de las diferentes autoridades relativas a la pandemia de covid-19.
De ese total de solicitudes, 731 fueron para orientaciones relacionadas con asuntos laborales, de carácter financiero o de salud en instancias federales, por lo que fueron remitidas a las autoridades competentes, pues están fuera del ámbito de la Codhey.
Se realizaron 640 gestiones que están en trámites o recopilando mayores elementos para enviarlas a quejas.
Además, se remitieron 175 quejas a las visitadurías, de las cuales 60 fueron a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); a la Policía Municipal de Kanasín, 34; a la Secretaría de Educación del Estado (Segey), 18; al ayuntamiento de Celestún, 8.
También 8 a la Fiscalía General del Estado (FGE); al ayuntamiento de Panabá, 4; al de Valladolid, 4; a la Policía Municipal de Dzidzantún, 4; a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 4; y a la Secretaría de Salud de Yucatán, 4.
Los hechos violatorios más señalados fueron: prestación indebida del servicio público, detención arbitraria, lesiones, robo, allanamiento de morada, violación a los derechos del niño, amenazas, violación al derecho a la libertad de tránsito y residencia, violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica así como al derecho de los menores a que se protejan su integridad.
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Se conciliaron 14 quejas con 7 autoridades: SSP, 5; Fiscalía General del Estado, 3; Ayuntamiento de Kanasín, 2; y uno, Ayuntamiento de Mérida, Ayuntamiento de Motul, Ayuntamiento de Muna y Policía Municipal de Akil.
Se emitieron 143 medidas cautelares, la mayoría enfocadas a garantizar el libre tránsito y residencia por acciones de las autoridades durante la contingencia sanitaria.
El ayuntamiento de Kanasín recibió 13 medidas cautelares; la Segey 12; la SSP 11; el ayuntamiento de Valladolid, 9; el ayuntamiento de Celestún, 6; el de Panabá, 6; la FGE, 6; el ayuntamiento de Río Lagartos, 5; la Secretaría de Salud, 5; y los ayuntamientos de Hoctún, Peto, Tizimín y Buctzotz 4 cada uno.
Finalmente, se interpusieron 10 denuncias ante al Ministerio Público al considerar que, en la presentación de la queja o el desarrollo de sus investigaciones, además de una posible violación a derechos humanos existía la presunción de la comisión de algún ilícito.
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