CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a buscar y entregar los documentos que acrediten el derecho de vía del Tren Maya, la existencia de vías con rieles en propiedad del gobierno federal, y los expedientes de la venta de rieles.
Asimismo, que responda y dé certeza sobre los permisos ambientales otorgados, ya que la respuesta ofrecida no fue clara en cuanto a la fuente y forma para consultar la Manifestación de Impacto Ambiental para la Fase 1 del megaproyecto.
En un comunicado, el organismo sostuvo que una persona solicitó a la SFP esa información, pero la dependencia entregó cinco ligas electrónicas que no contienen la información solicitada, por lo que el peticionario se inconformó y se amparó con un recurso de revisión.
El asunto fue revisado por la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien explicó que, “si bien el desarrollo del proyecto del Tren Maya no está directamente a cargo de la Función Pública, conforme al estudio del fondo del asunto, este sujeto obligado cuenta con unidades administrativas competentes para dar seguimiento a las actividades que se realizan en materia de obras públicas para poder desarrollarlo”.
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Destacó que existen dos unidades administrativas que pueden contar con la información –la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y la Unidad de Política de Contrataciones Públicas–, sin embargo, no se les turnó la solicitud, pese a que son las encargadas de intervenir en las licitaciones reguladas por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, como las que se realizan para la concreción del Tren Maya.
En su ponencia, la comisionada afirmó que es preciso que la ciudadanía tenga claridad de la magnitud de los trabajos necesarios para rehabilitar las vías, las adiciones o modificaciones necesarias para poder concretar el proyecto, así como la forma en que se están erogando los recursos públicos para avanzar en los trabajos, ya que “se ha reportado la celebración de contratos por más de 40 mil millones de pesos, que equivalen a 29% del presupuesto para el proyecto.
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La SFP –añadió– debe brindar una respuesta que dé certeza sobre los permisos ambientales otorgados, ya que se debe contar con elementos que aseguren que se están tomando las medidas necesarias para lograr el menor impacto en los ecosistemas de la Península de Yucatán.
En tal sentido, el pleno del Inai instruyó a la SFP a realizar una búsqueda exhaustiva de la información en todas sus unidades administrativas competentes y, en caso de localizarlos, entregarlos al particular.
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