PUEBLA, Pue. (apro).- Integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) denunciaron que el gobierno estatal les ha retenido el 71 por ciento de sus salarios, pese a que existen órdenes judiciales para que éstos les sean cubiertos de manera íntegra.
En un comunicado, los integrantes del Comité recuerdan que promovieron amparos luego de que el ejecutivo estatal determinó una reducción de los salarios mensuales que tienen asignados desde noviembre de 2017 y que, dentro de estos procesos, les fue concedida la suspensión provisional.
Incluso, una de las integrantes del Comité, Eira Zago Castro, ganó ya en definitiva un amparo.
Sin embargo, mencionan que el departamento de recursos financieros del SEA no ha cumplido con esas resoluciones judiciales, por lo cual los integrantes del Comité Ciudadano advirtieron al mandatario poblano sobre la “inconveniencia” de que su administración incurra en desacato ante la justicia federal.
Fue desde enero de este año que la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó reducir los salarios de los integrantes del Comité.
Daniel Alejandro Valdés Amaro, presidente del CEPC, indicó que esta determinación fue tomada por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, sin que se sustentara una argumentación o fundamento legal, más que la “austeridad republicana” que sólo fue aplicada a este órgano.
Es por ello, advierte, que los cinco representantes ciudadanos recurrieron al amparo y hasta ahora en cuatro juicios se les ha concedido la suspensión provisional y en uno, el fallo definitivo a favor, sin embargo, el ejecutivo no ha cumplido con estas resoluciones.
Cabe señalar que la reducción de salarios ocurre en medio de una confrontación pública entre el gobernador y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. El mandatario ha acusado a los integrantes de ese órgano autónomo de no hacer nada, de “costar caros” y de estar compuesto por personas ligadas al “morenovallismo puro”.
En junio, este órgano autónomo, apoyado por más de 50 organizaciones civiles, organismos empresariales y medios de comunicación de la entidad, pidió al gobernador transparentar el manejo de recursos para atender la pandemia por covid-19.
Valdés Amaro explicó que esta petición de transparencia, fue realmente un acuerdo nacional que surgió desde el Sistema Nacional Anticorrupción y que fue promovida, al mismo tiempo, en todas las entidades del país.
Igual, el 2 de junio, el Comité y las organizaciones, enviaron al gobernador Barbosa una solicitud de información en la que le pide precisar 29 rubros sobre la atención que ha prestado su gobierno a la pandemia.
En respuesta el mandatario anunció que enviaría al Congreso local una iniciativa para “fortalecer” el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, a la vez que acusó al comité de participación ciudadana de ataques a su gobierno.
También, sostuvo que los integrantes del comité estaban molestos porque les redujeron los salarios de 105 mil a 30 mil pesos y que por ello hacían los requerimientos de información.
Días después, el mandatario presentó una página de transparencia sobre gastos, estadísticas y programas llevados a cabo por su gobierno para atender la contingencia sanitaria por coronavirus.
El Nodo de Transparencia y el capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), realizaron un análisis del contenido de ese portal y concluyeron que “no cumple con los criterios mínimos para garantizar la transparencia y el acceso a la información”.
En el caso del presupuesto aplicado, las organizaciones señalaron que el gobierno poblano publica de manera amplia y general, sin presentar de manera desagregada los tipos y cantidades de productos adquiridos, el precio unitario, la empresa proveedora, la fecha de compra y el tipo de proceso de adjudicación.
Con relación a los contratos, el gobierno de Puebla señaló que los tiene en “reserva obligatoria” y no puso a disposición de la ciudadanía ni siquiera una versión pública de los contratos para garantizar la transparencia del gasto.
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