La denuncia que interpuso el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, contra prominentes políticos del PAN y del PRI –legisladores, funcionarios federales, actuales gobernadores– revela cómo se movieron los intereses personales y de grupo en torno a la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto. Curiosamente, se trata de los mismos personajes de los escándalos de las últimas décadas, incluidos los expresidentes Salinas de Gortari, Calderón Hinojosa y Peña Nieto.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Los responsables en el gobierno de Felipe Calderón de combatir la corrupción, Salvador Vega Casillas, y de cuidar el dinero público, Ernesto Cordero, así como otros cuatro senadores –dos de ellos actuales gobernadores–, miembros todos del PAN cuando ocurrieron los hechos, están bajo investigación por presuntamente recibir al menos 80 millones de pesos de sobornos para votar a favor de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto.
Pero las pesquisas no son sólo por la imputación legal que ha hecho Emilio Lozoya Austin a Cordero y Vega Casillas, así como a Jorge Luis Lavalle, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca –estos últimos, gobernadores de Querétaro y Tamaulipas–, que todo lo niegan, sino por el rastreo de su dinero que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
La UIF, a cargo del exfiscal electoral Santiago Nieto Castillo, también investiga a los exsenadores del PAN Javier Lozano Alarcón y Roberto Gil Zuarth, afines ambos a Calderón –y este último ligado por Lozoya al expresidente Carlos Salinas de Gortari–, cuyos movimientos financieros, según las pesquisas, son “incongruentes” con sus ingresos.
Un ejemplo: en un solo día Gil Zuarth, secretario particular de Calderón y subsecretario de Gobernación en su sexenio –con ingresos sólo como servidor público entre 2006 y 2018–, “movió” 31 millones de pesos, entre otras operaciones “extrañas” identificadas por la UIF.
“Los panistas de Calderón sí son de vergüenza”, dice Nieto Castillo sobre los senadores y gobernadores panistas, uno de los cuales, Gil Zuarth, fue esposo de Carla Humphrey Jordan, directora general adjunta de la UIF antes de ser electa consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) con el aval de Morena.
Así, los seis exsenadores del PAN no sólo enfrentan las acusaciones del exdirector de Pemex ante la Fiscalía General de la República (FGR) de recibir millonarios recursos procedentes, a su vez, de los sobornos que entregó la trasnacional Odebrecht –que también se destinaron a la campaña de Enrique Peña Nieto–, sino las investigaciones de Nieto Castillo.
Este escándalo, que no tiene precedentes históricos involucra directamente a tres partidos políticos: al PAN, en el que aún militan o militaban los implicados –incluido en sobornos el excandidato presidencial Ricardo Anaya–, al PRI de Peña Nieto y a México Libre, de Calderón, que el viernes 21 fue multado por el INE por recibir financiamiento ilegal por más de un millón de pesos.
Todos los panistas y expanistas señalados por Lozoya rechazaron recibir los sobornos –lo llamaron “delincuente confeso”–, y Calderón calificó de “acusaciones ridículas” las de favorecer a Odebrecht con el contrato a Etileno XXI, que otorgó en su gobierno junto con José Antonio Meade, su secretario de Hacienda y Energía antes de ser, en 2018, candidato presidencial priista.
En el caso de Calderón no sólo enfrenta los señalamientos de Lozoya ante la FGR por el contrato de Etileno XXI a Braskem, filial de Odebrecht, sino que la UIF investiga también las operaciones financieras relacionadas con esa asignación.
“La UIF sí está investigando el tema de Etileno XXI, que ha sido una prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador”, confirmó al reportero días antes de la filtración de la denuncia de Lozoya, en un caso que Proceso ha documentado.
“Quiero dejar muy en claro que Odebrecht sí tuvo una participación relevante en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero también tuvo una gran participación en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa”, aseguró el exdirector de Pemex en su denuncia de hechos ante la FGR.
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