GUANAJUATO, Gto., (apro).- En mayo del 2017, el entonces comandante de la XII Región Militar, Arturo Velázquez Bravo, reveló que un hombre a quien en ese entonces nombró como José Antonio Yépez de la Cruz era ya el objetivo prioritario número uno del Grupo de Coordinación Guanajuato, integrado por autoridades y mandos de seguridad federales, estatales y municipales para atender la seguridad en el estado.
Ese año, Guanajuato había despuntado de manera exponencial en el robo y trasiego de combustibles, principalmente gasolina, a través del robo de autotransporte -pipas-, la ‘ordeña’ de los ductos que desde la refinería “Ing. Antonio M. Amor” atraviesan el territorio estatal, y por la propia complicidad de funcionarios corruptos desde la misma refinería y áreas de la paraestatal.
Pero en esa ocasión -consignó Proceso en el número 2115 que circuló el 14 de mayo de 2017- el general Velázquez revelaría también, por primera vez de manera oficial, que “El Marro” tenía “cuando menos ocho años trabajando en el área” de la región Laja-Bajío, donde con el control de entre 10 y 20 tomas clandestinas extraía un millón y medio de litros de combustible al mes.
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“El Marro tiene ocho años operando, me extraña que no lo conozcan”, dijo el comandante de la XII Región Militar, quien también contó que, en alguna reunión del propio Grupo de Coordinación, la entonces Procuraduría de Justicia había informado tener ubicadas más de cien propiedades vinculadas al líder del cártel Santa Rosa de Lima.
“Igualmente en la violencia tiene mucho qué ver este tipo”, mencionó el general, quien dejó el cargo pocos meses después, cuando esa región de manera particular era ya escenario de delitos de alto impacto entonces de manera incipiente, que fueron escalando hasta la grave crisis en que hoy tiene a Guanajuato en el primer lugar de asesinatos.
Pero una consulta hemerográfica arrojó que en el 2013, autoridades ministeriales del estado habían ido tras “El Marro” y algunos de sus colaboradores en un operativo en la misma comunidad de Santa Rosa de Lima en Villagrán -donde el grupo delictivo sentó sus reales- el 26 de junio de ese año, por una orden de aprehensión por homicidio calificado, como se publicó en el número de Proceso en mención.
Hubo un tiroteo y una persecución en la que siete hombres fueron detenidos, uno murió y Yépez logró escapar.
En octubre de ese 2017, el cártel de Santa Rosa de Lima aparecería con “El Marro” por primera vez públicamente en un video en el que éste lanzó un claro desafío a un oponente territorial que amenazaba su dominio de la zona y del robo de combustible: el Cártel Jalisco Nueva Generación.
“¡Viva el triángulo, soy Santa Rosa de Lima! ¡Los vamos a sacar a la mierda de aquí, de nuestro estado, culeros, en cuanto quieran aquí estamos! ¡Arriba Guanajuato, hijos de su puta madre!”, gritaba el grupo de hombres con ropa tipo camuflaje y rostros cubiertos, mientras hacía decenas de disparos en una zona despoblada, aparentemente de Santa Rosa de Lima.
El “triángulo” es la región comprendida entre los Apaseos y León en la que se ubica el recorrido de los ductos de Pemex para la distribución de combustibles.
En los siguientes dos años, Guanajuato se ubicaría en el primer lugar en el robo de combustible a la paraestatal.
Pero dentro de la organización, el liderazgo inicial no fue de “El Marro”, a quien se ubica como cofundador del cártel inicialmente encabezado por David Rogel Figueroa, alias “El Güero”, un ex comandante de la Policía estatal preventiva en Chiapas vinculado originalmente a “Los Zetas”, según el informe “Mercado ilícito de combustible” elaborado por Pemex y la Policía Federal y citado en el reportaje “El mapa del huachicoleo” publicado en Proceso a principios de 2019.
Rogel Figueroa apareció en la mirada de las autoridades en el 2014, ya como líder de un grupo delictivo en Villagrán.
De delincuente menor a capo del huachicol
Por lo menos siete intentos por capturar a José Antonio Yépez Ortiz fracasaron antes de este último, según un dato del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen).
David Saucedo, analista político que en Guanajuato ha publicado numerosos artículos sobre la presencia del cártel Santa Rosa y la pugna delictiva en el estado, afirma que “El Marro” comenzó como delincuente menor en la organización.
“(El Marro) se dedicaba a narcomenudeo, robo de vehículos, secuestro. El salto a mayores capacidades fue con los ductos de Pemex, derivado de la propia corrupción interna en Pemex, de funcionarios corruptos de la refinería que dieron puntos y horarios en los que podría perforar”.
Algunos de esos empleados o directivos, señala Saucedo, “dotaron a las organizaciones de válvulas que podrían haber sido rastreadas por el número de serie y se sabe de tomas hechas por técnicos de Pemex, además de los camiones cargados que salían fuera del inventario de la refinería”, como lo confirmó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador cuando anunció la cruzada nacional contra el huachicoleo en el 2019.
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A Yépez Ortiz, señala el analista político en entrevista telefónica, fue la amenaza del Cártel Jalisco Nueva Generación de incursionar su territorio -inicialmente sólo como paso para la distribución de drogas y precursores químicos- el que lo sacó de su feudo, de su zona de confort en la región Laja-Bajío, “donde controlaba a elementos federales, estatales y municipales, pero donde además se infiltró en la estructura política local”.
Saucedo reveló que en un acercamiento inicial con “El Marro” del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera “El Mencho”, a través de un sobrino de éste, se trató de pactar un acuerdo para el paso de la droga a cambio de una comisión “sobre todo porque aquél tenía el control de autoridades de esa zona”.
“El encuentro se dio en un Starbucks en el 2017. Allí, “El Marro” asesinó al sobrino de “El Mencho” -señaló David Saucedo-. El asunto se trató como un homicidio más, pero desató la guerra y eso lo sacó la luz, mientras las autoridades estatales más bien administraron el conflicto y no le dieron salida al problema, con los saldos que ya conocemos”.
Para septiembre del 2018, el narco terrorismo hizo su brutal aparición en Guanajuato a cargo del cártel de Santa Rosa de Lima y sembró el desasosiego cotidiano en los municipios de la región Laja-Bajío, con Celaya como epicentro y a su alrededor Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Cortazar, Villagrán, Celaya, Comonfort, Salamanca y Juventino Rosas.
Bloqueos carreteros, incendios de vehículos, de vulcanizadoras, de yonques, talleres automotrices; matanzas en bares, restaurantes y plazas comerciales; robos de cajeros, extorsión imparable de todo tipo de negocios, hicieron de los celayenses -principalmente- una vida de pesadilla.
En marzo del 2019, la zona vivió dos días consecutivos de narcobloqueos en los que fueron incendiados transportes de personal, camiones de carga, principalmente entre Santa Rosa de Lima y los accesos a Celaya.
A fines de enero de este año, la pareja de “El Marro”, Karina N., fue capturada junto con otras tres personas en una casa en San Miguel Octopan, Celaya, pero todos quedaron libres el 6 de febrero, al concluirse que hubo irregularidades en la orden de cateo y el operativo para su captura.
El 5 de marzo, en otro aparente intento por cercar al líder criminal, su padre Rodolfo Yépez fue detenido en Celaya en un automóvil con reporte de robo; se le acusó de robo equiparado cuando él declaró que adquirió la unidad sin saber que era robada y quedó en prisión preventiva hasta el 26 de junio, cuando fue liberado.
Uno de los días más difíciles que se vivieron en la zona fue el 20 de junio pasado, cuando María Eva Ortiz, madre de José Antonio Yépez, fue capturada junto con una sobrina y otras 4 personas en una casa de la comunidad San Isidro de Elguera, en Celaya, y señalada como una de las operadoras financieras del cártel que lidera su hijo.
Ese día, en Celaya fueron desatados varios bloqueos y más de 40 incendios a mueblerías, gasolineras, tiendas de conveniencia, supermercados y talleres, la mayoría en Celaya, pero también en municipios vecinos, e incluso en Acámbaro y Salvatierra.
El 28 de junio, María Eva y las otras cuatro personas detenidas (tres mujeres y un hombre) fueron liberados por una juez penal del estado, quien desestimó los cargos ante datos de la defensa de que habían sido torturados por los agentes que los detuvieron en el operativo conjunto entre el Ejército y la Fiscalía del estado.
El 1 de julio, en un brutal ataque atribuido a órdenes de Yépez Ortiz, 27 hombres fueron asesinados en el interior de un anexo para tratamiento de adicciones en la comunidad de Arandas, en Irapuato.
“Dudo que va a detenerse la violencia -augura el analista David Saucedo-; no se puede cantar victoria porque suele presentarse un recrudecimiento de las hostilidades y el Cártel Jalisco querrá entrar por el control total, tras este regalo, además de que pueda haber una pelea por el liderazgo del Cártel de Santa Rosa de Lima. Lo hemos visto en todos los estados que ya han pasado por esto.
“El segundo nivel de afectación sería para el gobierno estatal y algunos municipios: la información sobre el control de las estructuras políticas que tiene o tenía “El Marro” podría provocar un cisma”.
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