Aunque hay avances en la reconstrucción de los inmuebles dañados en la Ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre de 2017, el gobierno de Claudia Sheinbaum todavía no cumple la mayoría de sus compromisos con los damnificados y los deudos de los fallecidos. Son precisamente ellos quienes esperan, además de contar con viviendas seguras, que se juzgue a quienes por negligencia o corrupción agravaron la tragedia o retrasaron la reconstrucción.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A tres años del sismo que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, los damnificados han visto pocos resultados sobre la investigación de las irregularidades con que empresas privadas construyeron sus edificios o iniciaron procesos de reconstrucción con promesas incumplidas, al amparo del gobierno de Miguel Ángel Mancera, hoy senador.
Actualmente la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM), la Secretaría de la Contraloría General y la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX) tienen abiertas quejas y carpetas de investigación contra empresas privadas y sus dueños, exfuncionarios públicos, dependencias de la administración capitalina y dueños de inmuebles afectados.
Además, agrupaciones de ciudadanos damnificados mantienen sus exigencias de recibir una vivienda digna. En el caso particular de los familiares de las 26 personas que murieron en el derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen, en la alcaldía Tlalpan, todavía esperan una sentencia condenatoria contra su dueña, Mónica García Villegas, y que el gobierno de Claudia Sheinbaum les ofrezca una disculpa pública y construya un memorial dedicado a los 19 niños y siete adultos fallecidos en el lugar.
Quejas contra el gobierno mancerista
Aquel sismo de magnitud 7.1, con epicentro en el límite de Puebla y Morelos, a 120 kilómetros de la Ciudad de México, provocó 228 fallecimientos en la capital, de los 369 a nivel nacional. Era la última parte del sexenio de Mancera, quien seis meses después –en marzo de 2018– abandonó a los damnificados y a los capitalinos en general, para atender su frustrado plan hacia la candidatura presidencial. En su lugar designó a José Ramón Amieva.
Hasta ahora, la CDHCM ha recibido 308 quejas relacionadas con la atención del gobierno capitalino a los damnificados y el proceso de reconstrucción, de acuerdo con su presidenta Nashieli Ramírez. De ese total, 245 (79.5%) fueron recibidas en la administración anterior: 58 en 2017 y 187 en 2018.
En entrevista, Ramírez explica que la temática de las quejas era, en general, falta de dictámenes de los edificios y casas dañadas, inconformidad y falta de claridad en el proceso de apoyo del gobierno, tardanza en el proceso de atención y en el inicio de obra, además de interrupción de servicios públicos, como líneas de teléfono y suministro de electricidad.
“Hay que recordar que son procesos complejos. Al principio no había certeza de nada, se estaba formando el padrón de damnificados, se estaba discutiendo qué y cómo se haría la reconstrucción, y lo inmediato era hacer los dictámenes. Pensaron que irían un poco más rápido, pero ante el escenario que se pusieron, quedaron atrasados. Ahora hay una mayor claridad”, explica la ombusdperson.
Al paso de estos tres años, de las 308 quejas en total se han concluido 267 y continúan en trámite 41 más. Una de las quejas cerradas es la que interpusieron habitantes del edificio ubicado en la calle Cerezas 72-203, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, pues el sismo de ese 19 de septiembre dejó a sus 18 condóminos en la incertidumbre y con miedo a perder su patrimonio y la vida en el siguiente temblor.
Lorena Guerrero, una de sus habitantes, narra que días después del sismo el personal del gobierno capitalino acudió a revisar de manera rápida el inmueble y catalogó el riesgo como color amarillo, pero les dijo que se necesitaba hacer un dictamen técnico porque aparentemente sus columnas tenían daño estructural. Los condóminos enviaron la solicitud a las autoridades delegacionales y al gobierno central para tener ese estudio, pero no obtuvieron respuesta.
Por eso interpusieron una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de donde los remitieron a la comisión capitalina. Tras siete meses de espera y el apercibimiento que ésta hizo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), les asignaron a un responsable estructural para obtener el dictamen y, luego, a la empresa Caremicar Edificaciones S.A. de C.V., domiciliada en Morelos, para la obra de reconstrucción. Sin embargo, ésta desde el inicio tuvo informalidades.
Con el cambio de administración, el proceso se volvió lento nuevamente y la mayoría de sus habitantes, algunos adultos mayores y con capacidades diferentes, seguían bajo el mismo techo y la misma incertidumbre. La nueva comisión, a cargo de César Cravioto, les dijo que debían hacer una “reasignación urgente” de empresa, pues en la revisión a Caremicar hallaron observaciones de incumplimiento en otros inmuebles afectados.
Siempre con la mediación de visitadores de la CDHCM, les asignaron una nueva constructora y un nuevo supervisor. Tras ocho meses de obra, en julio pasado les entregaron el edificio reconstruido con todas las normas de calidad, que requirió una inversión de 5.8 millones de pesos del Fideicomiso para la Reconstrucción.
De acuerdo con Ramírez, en la gestión de Sheinbaum Pardo también ha habido quejas, aunque menos: 41 en 2019 y 22 en lo que va de 2020. Asegura que la actual Comisión para la Reconstrucción, a cargo de Cravioto, “va súper bien, considerando otros procesos en el mundo. La pandemia de covid-19 les ha pegado porque muchas obras privadas tuvieron que parar, al menos dos meses, pero ahí van a buen ritmo”.
Destaca que, aunque la anterior administración les dejó un censo de damnificados, “casi empezaron de cero, pues tuvieron que rehacerlo”, además de que incorporaron a los damnificados de viviendas unifamiliares y crearon un esquema de subsidios. Ahora, agrega, se lleva un proceso “más claro y transparente”, con más coordinación con las empresas que permite un avance más rápido.
Sanciones y aprehensiones
Actualmente la Secretaría de la Contraloría General, encabezada por Juan José Serrano, tiene abiertas investigaciones contra 13 empresas que participaron en el proceso de reconstrucción, entre las que detectó “irregularidades recurrentes”, como sobrecostos, incumplimientos en tiempos de entrega y la incorrecta ejecución de diversos trabajos.
Según explicó a Proceso en una escueta nota informativa –con el argumento de no vulnerar el debido proceso y la presunción de inocencia–, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México está en el proceso de análisis y resolución de dichos expedientes que le fueron turnados por la propia Contraloría.
A finales de julio pasado, en el Informe de Acciones de Combate contra la Corrupción, Serrano Mendoza agregó que la dependencia presentó las denuncias penales “y se cuenta ya con varias órdenes de aprehensión en contra de algunas empresas señaladas”.
Aunque no mencionó sus nombres, entre esas órdenes de aprehensión se encuentra la que en octubre de 2019 obtuvo la procuraduría local –hoy fiscalía– contra el exsecretario de Obras y Servicios y excomisionado para la Reconstrucción, Édgar Tungüí, quien se encuentra prófugo y está acusado de desviar 40 millones de pesos del presupuesto para los damnificados. Las autoridades presumen que se esconde en el extranjero y la Interpol ya emitió una ficha roja para buscarlo.
Por el mismo delito, el mal uso de recursos de la comisión para la reconstrucción, hay orden de captura contra el extitular de la Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez, asociado con el llamado “cártel inmobiliario” de la ciudad y con la autorización de obras presuntamente irregulares durante el sexenio mancerista.
El pasado 18 de agosto, Cravioto Romero informó que con la FGJ CDMX se ha avanzado en las sanciones a las empresas que construyeron edificios en Tlalpan 550, Insurgentes Norte 1260 y Emiliano Zapata 56, que presentaron daños tras el sismo, debido a que sus procesos constructivos recientes –menos de 10 años antes del terremoto– se hicieron de forma irregular o poco eficiente.
En videoconferencia, añadió que con la Contraloría General se ha avanzado en las sanciones a empresas asignadas a reconstruir los inmuebles Tlalpan 550, Unidad Habitacional Tlalpan ISSSTE, Río Lerma 45, Coquimbo 909, Aluminio 166, Vicente Suárez 123 e Insurgentes Norte 476.
El pasado viernes 4 la fiscalía capitalina informó que un juez de control vinculó a proceso a cuatro personas por el presunto delito de fraude genérico en contra de 165 víctimas y del gobierno capitalino. Los imputados enfrentarán el proceso en libertad porque presentaron un amparo otorgado por un juez de distrito.
Según la investigación, estas personas participaron en la edificación de un inmueble en la avenida Insurgentes Norte, colonia Capultitlán, en Gustavo A. Madero, con deficiencias estructurales y fuera de normatividad, lo que generó que tuviera una falla estructural con el temblor del 19 de septiembre. De acuerdo con el juez de control, los constructores “se ahorraron” 53 millones 339 mil 572 pesos en el uso de materiales como acero, cemento y mano de obra. Para su rehabilitación, el gobierno local erogará 81 millones de pesos.
El viernes 11, cuestionada por Proceso sobre los procesos de investigación y sanción a las empresas y funcionarios, Claudia Sheinbaum explica que, a diferencia de las carpetas de investigación abiertas en la pasada administración sólo contra directores responsables de obra y de seguridad estructural, la Contraloría General insistió en que también se indagara a los dueños de las constructoras con denuncias civiles y penales.
“Nos parece realmente injusto que, habiendo sido un edificio que tenía irregularidades, que sea con recurso público que se tenga que arreglar”, recalca la jefa de Gobierno.
Añade que se detectó a empresas que firmaron contratos con el gobierno anterior con sobrecostos. Por ello la actual administración decidió no pagarles lo convenido. “Los servidores públicos en aquel momento en esas alcaldías tienen que responder”, añade.
El Rébsamen, pendiente
El mismo viernes 11, padres de algunos de los 19 niños que murieron en el derrumbe del colegio Rébsamen demandaron la sentencia de al menos 30 años de cárcel para Mónica García Villegas, dueña y directora del establecimiento cuando ocurrió el sismo.
El juicio en su contra fue apresurado durante la semana que terminó y la sentencia está programada para el jueves 17, dos días antes del tercer aniversario de la tragedia y fecha del segundo informe de gobierno de Sheinbaum.
En conferencia, también exigieron una disculpa pública del gobierno de la morenista y de la FGJ, además de la construcción de un memorial en el mismo lugar donde estaba el colegio o en algún parque público de la alcaldía Tlalpan, que entonces gobernaba Sheinbaum.
Consultada al respecto, la jefa de Gobierno destaca la investigación de la FGJCDMX y la atención de la Comisión de Atención a Víctimas y la Consejería Jurídica a los deudos para hacer una reparación integral del daño, además del seguimiento a la recomendación hecha por la CNDH a la Secretaría de Educación Pública y a su administración.
“Yo espero que antes de que termine septiembre se pueda hacer esta presentación (del Memorial). Depende, pues obviamente, del trabajo y del diálogo que se está teniendo con cada una de las familias”, argumenta.
Para el sábado 12, la agrupación Damnificados Unidos de la Ciudad de México programó un mitin llamado “¡Queremos volver a casa ya!”, en el que enlistaría la situación actual de sus denuncias y acusaría las “tardanzas del gobierno” para recuperar su patrimonio.
Reportaje publicado en el número 2289 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 13 de septiembre de 2020.
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