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Cambio climático y la migración que viene
La falta de programas y políticas públicas eficientes para el desarrollo de esquemas de producción sustentables, el espiral de costos de producción y la falta de claridad y congruencia en las políticas públicas en materia energética, han llevado a la dramática reducción de la capacidad productiva agrícola en países como Honduras, Nicaragua, Guatemala y México.
Los mercados internacionales que dinamizaron en algún momento a la región y el arraigo hacia las actividades agrícolas y ganaderas permitieron patrones de movilidad y la estabilidad de condiciones socioeconómicas para un importante sector de la población rural.
Paradójicamente, mientras en algunos países la cadena de suministro global propició desarrollo y prosperidad, también produjo una amplia dependencia y condicionamiento respecto al comportamiento de los mercados internacionales. Hoy, múltiples factores están fortaleciendo un caldo de cultivo para una crisis migratoria, climática y financiera que se acerca conforme avanza el paso hacia el 2022.
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Actualmente, se estima que existen al menos 350 mil productores agrícolas en la región (desde México hasta Centroamérica), la mayoría pequeños agricultores que trabajan de una a tres hectáreas, quienes padecen de manera directa las repercusiones de la drástica caída tanto de los precios como en la demanda de productos agrícolas a nivel internacional.
De manera estructural, la crisis climática detonará en los próximos años una intensificación en los flujos migratorios y una creciente vulnerabilidad en los mercados financieros, amenazando tanto la sostenibilidad de los cultivos como la supervivencia de los productores, lo que alimenta los flujos migratorios hacia las ciudades y hacia otros países. Todo esto potenciado por la persistente crisis sanitaria y de seguridad que nos aqueja.
Con las recientes circunstancias regionales en materia migratoria y el recrudecimiento de la crisis humanitaria en las fronteras mexicanas, sería el momento ideal para replantear el esquema de financiamiento al campo, a las energías limpias y a los procesos sustentables para lograr un esquema claro, congruente y que responda a las necesidades actuales y a las tendencias globales de desarrollo para disminuir el impacto climático que llevará a un colapso medioambiental, humanitario y financiero. Las políticas públicas deberían estar orientadas a la modernización de los procesos energéticos y agroexportadores que han sido estigmatizados como víctimas de un satanizado neoliberalismo, con la intención de abatir paulatinamente el impacto del cambio climático y los efectos sociales de la migración forzada.
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La modernización de la industria energética y agropecuaria conlleva crecimiento económico, generación de divisas, empleo y reducción de la migración obligada.
Retomar el camino del desarrollo y el fortalecimiento de políticas públicas a favor de las energías limpias y el desarrollo sustentable no sólo puede mitigar los efectos de la oleada migratoria que se espera y los efectos financieros negativos que ya se dejan sentir en los mercados, sino que, ante el inminente incremento en el calentamiento global, la disminución de las promesas políticas, la eliminación de la demagogia y el neopopulismo, pueden lograr importantes transformaciones en un mundo amenazado por el deterioro ambiental que no es un juego.
Es posible entonces que, con congruencia y una visión de futuro se pueda, además de aliviar la situación migratoria, reactivar actividades vitales para la región.
Contacto:
Correo: arleneru@me.com
Twitter: @ArleneRU
Linkedin: Arlene Ramírez-Uresti
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
Cambio climático y la migración que viene
Arlene Ramírez Uresti
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