El optimismo de Andrés López Obrador ante el T-MEC contrasta con el malestar de representantes empresariales de México y Canadá por los usos electorales que pueda darle a este nuevo tratado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amén de las presiones laborales, arancelarias y agropecuarias de su administración, sobre todo hacia México.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La nueva etapa comercial de América del Norte, inaugurada el miércoles 1 con la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) quedó enmarcada por la preocupación de los sectores productivos de los tres países por el uso político que puede darle el presidente Donald Trump, cuatro meses antes de las elecciones en las que busca su reelección; pero también hay alerta por el “cambio de reglas” por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior quedó claro en un posicionamiento conjunto firmado por el Consejo Coordinador Empresarial de México, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Cámara de Comercio de Canadá, quienes expresaron el mismo miércoles 1:
“Instamos a los gobiernos a operar dentro del espíritu del acuerdo y a abstenerse del uso de aranceles por motivos de seguridad nacional. Nuestra asociación norteamericana no amenaza la seguridad nacional de nadie; por el contrario, es una gran fortaleza para los tres países. Sugerir que estos aranceles pueden regresar sólo amenaza cadenas de suministro transfronterizas relevantes. Más aún, el T-MEC sólo tendrá éxito en la medida en que los tres gobiernos demuestren compromiso, participación y, sobre todo, respeto a los marcos legales y regulatorios”.
Lo que está en juego no es cosa menor. Se trata, según la Secretaría de Economía (SE), de un tratado que representa a la región con 6.5% de la población del planeta; equivale a 18.3% de la economía mundial, y tiene implícita una capacidad exportadora que representa 15.9% de las operaciones comerciales a nivel global.
Una semana antes del llamado de atención de las principales representaciones empresariales, la American Fuel & Petrochemical Manufacturers (AFPM), que agrupa a refinerías y empresas petroquímicas en Estados Unidos, manifestó a Trump su preocupación por las “restricciones” a las inversiones por parte del gobierno de López Obrador al sector energético.
“No sólo las inversiones directas que han realizado las empresas estadunidenses, sino también los ingresos futuros y empleos estadunidenses para realizar esas inversiones a largo plazo. También hay cuestionamientos serios sobre si tales acciones son permisibles bajo la ley mexicana y dentro de las obligaciones de México bajo el nuevo acuerdo comercial (T-MEC)”, lanzó la AFPM en una misiva fechada el 23 de junio.
Más allá de esos focos rojos están abiertas las “rendijas” del Protocolo Modificatorio del T-MEC (Proceso 2251), el cual negoció de manera solitaria el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade Kuri, con sus contrapartes estadunidense y canadiense en noviembre de 2019. Es decir, Seade no necesitó el apoyo del llamado “Cuarto de Junto”, integrado por los diferentes sectores, así como por especialistas en lo referente al comercio exterior.
Dicho protocolo cambió algunas disposiciones originales del Tratado en materia laboral, ambiental, propiedad intelectual (medicamentos), cumplimiento del acuerdo y reglas de origen automotriz (acero). Sin embargo, la parte laboral es por donde Estados Unidos puede ejercer presión sobre México.
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