Un tratado entre México y Estados Unidos, firmado en 1944, obliga a nuestro país a entregar una gran cuota de agua al vecino del norte; el líquido a pagar proviene de algunas presas de la cuenca del Bravo y eso afecta a los productores agropecuarios de Chihuahua, que ya han empezado a tomar medidas –violentas, algunas de ellas– para evitar que sus actividades mueran de sed.
CHIHUAHUA, Chih. (Proceso). – La disputa por el agua en la entidad alcanzó este año niveles de violencia: productores agrícolas de varios municipios agredieron a personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a efectivos del Ejército cuando las autoridades intentaron, en distintos episodios, sacar el líquido del estado.
La autoridad pretende cumplir con el Tratado Internacional de Aguas, firmado en 1944 con Estados Unidos, que obliga a México a entregarle al país vecino 431 millones 721 metros cúbicos del líquido por año. El problema, de acuerdo con campesinos y productores de varios municipios chihuahuenses, es la falta de información sobre la cantidad que ya se le ha entregado al país vecino.
Para evitar la extracción de agua, a lo largo de este año estos productores han tomado las presas, quemado vehículos de la Conagua y bloqueado carreteras; y el domingo 19, efectivos de la Policía Militar que resguardaban la presa Francisco I. Madero (conocida como Las Vírgenes), dispararon balas de goma contra los agricultores.
Para entender mejor: Agricultores y la GN se enfrentan por la extracción de agua en presa de Chihuahua
La presión de los agricultores ha evitado que la Conagua siga extrayendo el líquido. El organismo se comprometió el pasado febrero a no sacar más agua de la presa La Boquilla, en el municipio de San Francisco de Conchos, pero no cumplió su palabra y aprovechó el confinamiento obligado por la pandemia del coronavirus: el 25 de marzo abrió las compuertas de ese embalse y la gente, enardecida, incendió vehículos oficiales y tomó carreteras.
Por la presión de los agricultores de los distritos de riego de la región, apoyados por algunos legisladores federales y locales panistas y priistas, la directora de la Conagua, Blanca Elena Jiménez Cisneros, y el delegado de los programas Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, han cambiado su versión: además del pago a Estados Unidos, aseguraron que llevarían el agua a Tamaulipas y Nuevo León, pero en junio se desdijeron y acusaron a los opositores de tergiversar la información y dar un matiz político al problema.
Y después de la última confrontación de agricultores con la Policía Militar, el domingo 19, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, le pidió al gobierno federal que investigue el “aguachicoleo”, pues a lo largo de la cuenca del río Conchos hay mucho “aprovechamiento irregular”, están “popoteando” todo el corredor, dijo.
“Es muy importante combatir el ‘aguachicoleo’ porque ahí está un volumen de decenas, quizá cientos de millones de metros cúbicos de agua que se están tomando de manera indebida y es una obligación de la Comisión Nacional del Agua actuar”, agregó el gobernador.
El martes 21, representantes de los distintos distritos de riego se reunieron con Corral para pedirle que intervenga ante el gobierno federal.
El miércoles 22, al salir de una reunión con el gobernador, Salvador Alcántar, líder de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (Aurech), dijo a medios locales: “En este momento estamos obligados (los representantes agrícolas de la cuenca del Conchos) a ser solidarios con Corral”
El líder de la Aurech informó que uno de los acuerdos es que Corral solicitara que el pago de agua del tratado para este año se demore hasta la fecha límite, el 24 de octubre, como lo estipula el acuerdo, para hacer un recuento de las cifras que manejan Estados Unidos y México.
“Queremos cuentas claras, porque la Conagua nos está engañando: ¿dónde quedaron los volúmenes que se trasvasaron de las presas de enero a marzo, que son alrededor de 385 millones de metros cúbicos. No hay transparencia en esa información” añadió Alcántar.
En un comunicado difundido el mismo miércoles 22, Corral aseguró que un acuerdo con la Aurech es bajar de 22 a 16 metros cúbicos por segundo la extracción de agua de la presa Luis L. León, El Granero, en el municipio de Aldama.
Fragmento de un reportaje del número 2282 de la edición impresa de Proceso, publicado el 26 de julio de 2020, y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí
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