CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseguró que la propuesta de reforma al sistema de pensiones, presentada la semana pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue elaborada por la cúpula empresarial del país.
En su análisis económico semanal, el CEESP señaló que “la propuesta fue elaborada en primera instancia por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en congruencia con el Decálogo de Dimensión Social al que se comprometió el CCE a inicios del presente año, a fin de resolver un problema que a la fecha es cada vez más inminente.
La propuesta que el CCE entregó al gobierno, aseguró el centro de análisis, tiene muchas características y actualmente sobre esa base se elabora la iniciativa legal correspondiente para presentarla al Congreso de la Unión.
Y aclaró: “la propuesta del CCE presentada al gobierno pone al trabajador del sector privado y a su bienestar en el centro de la reforma, y adopta el costo a cargo de las empresas, con mitigantes considerables”.
Sus principales objetivos, explicó el centro de estudios económicos, son mejorar el bienestar de los adultos mayores en retiro, especialmente de los de menores ingresos, mediante mejores jubilaciones; así como lograr una mayor inclusión y atender a quienes no accederían con el régimen actual a una pensión garantizada.
Por otra parte, genera una mayor equidad entre los trabajadores de menores ingresos y los de mayores percepciones; mejora los parámetros del sistema para hacerlo más sostenible, y compensa las desventajas que enfrentarán los primeros jubilados del sistema actual (de la llamada en ocasiones “generación AFORE”.
El CEESP abundó que las principales medidas que se propusieron por parte del CCE, presidido por Carlos Salazar Lomelín son incrementar el ahorro obligatorio en beneficio de los trabajadores del 6.5% de su salario al 15%.
A su vez, este incremento será a cargo de las empresas, quienes elevarán su contribución de 5.15% a 13.875% del salario del trabajador a lo largo de ocho años, que empiezan a partir del 2023.
Otra medida es que la cuota del trabajador (1.225%) no se altera y la reducción de las semanas de cotización para el derecho a recibir una pensión mínima garantizada pasó de mil 250 a 750.
El CEESP reveló que en el acuerdo con el gobierno, se estableció que en años posteriores se elevarían hasta mil las semanas de cotización.
También se propuso poner en marcha un mecanismo temporal a través de un artículo transitorio que permita a los primeros miembros de la “generación AFORE”, acceder a una garantía de pensión con sólo 500 semanas de cotización. “Ello porque esas personas entran pronto a edad de retiro, pero empezaron a cotizar en edad relativamente avanzada, por lo que no pudieron reunir muchas semanas”, señaló
Por último, otra de las medidas propuestas desde la cúpula empresarial fue redistribuir la cuota del gobierno para financiar parcialmente el aumento de las aportaciones de los trabajadores con ingresos de hasta 4 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
Así, remató, el aumento de la aportación de un trabajador con un salario mínimo correría a cargo del gobierno y esa contribución iría cayendo gradualmente hasta 4 UMAs, cuando el gobierno sufragaría el 79% del aumento de la contribución.
El CEESP dejó claro que la propuesta no pretende solucionar problemas importantes que tienen causas multifactoriales como la informalidad del mercado laboral, subdeclaración (ilegal) de los salarios base de cotización ante el IMSS, ni la situación de otros sistemas de pensiones como los estatales, de universidades públicas y otras entidades públicas nacionales o subnacionales.
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