TOLUCA, Edomex. (apro).- Por unanimidad, la Legislatura mexiquense aprobó pedir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informes sobre el estatus de la revisión 852-DS-GF/2015 que fiscalizó recursos de los “Programas y Fondos Federales en el Estado de México” utilizados para construir el Auditorio Metropolitano de Tecámac, y sobre las demandas y juicios que se entablaron contra los resultados.
El diputado morenista Faustino de la Cruz, promotor del punto de acuerdo, recordó que el 10 de marzo de 2017, Enrique Peña como presidente de la República y Eruviel Ávila como gobernador inauguraron este auditorio; en él, se realizaron una docena de eventos políticos y musicales, pero inexplicablemente fue cerrado al público en noviembre de ese año, a tan sólo 8 meses de su apertura. Aunque el gobierno estatal no ha detallado las razones, trascendió que presenta fallas estructurales.
Luego de varias solicitudes ciudadanas para conocer el estatus de la obra, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura aprobó, el 16 de mayo del 2017 mediante el ACUERDO CT-SNIF-SE-43-2017/157, la clasificación del expediente como información reservada por un periodo de cinco años.
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Empero, la revisión al contrato de obra pública OP-15-0194 realizada por la ASF reveló que el monto de inversión se elevó en 169 millones de pesos, al pasar de 430 a 600 millones, lo que significó un incremento de 39.5%, mientras el plazo de ejecución se amplió en 246 días naturales, pasando de 307 a 553 días.
El exhorto además se dirige al secretario de la Contraloría estatal para que informe sobre las acciones para atender el oficio 15-B-15000-04-0852-08-002 en que la ASF exige iniciar procedimiento administrativo por actos y omisiones de los servidores públicos que autorizaron el inicio de las obras sin contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados.
Al gobierno del Estado de México, los diputados demandaron la desclasificación de la información relativa a la obra, informar el motivo del cierre y precisar cuándo reanudarán las actividades de este inmueble.
“No encubriremos actos gubernamentales de esta o anteriores administraciones que pudieran resultar constitutivos de responsabilidades administrativas o penales”, advirtió De la Cruz Pérez, al presentar su propuesta ante el pleno.
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