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Municipalismo y Regionalización Energética sustentable, el futuro es local
En ocasiones anteriores, en este distinguido espacio he tenido el privilegio de poder compartir ideas sobre el “como sí” contar con alternativas para mejorar la industria energética del país, dentro de un entorno hostil propiciado por el gobierno y sus empresas productivas en contra de la propia población mexicana y los sectores productivos que dotan de recursos vía contribuciones y derechos, vaya, oportunidades a pesar de los constantes “balazos en el pie” con el único objetivo de rescatar damnificados.
Ahora, una vez que se han concluido los comicios de este año y que se tiene como resultado una victoria pírrica de los partidos políticos “opositores” al Gobierno Federal, es momento de recordar ¿Cuántos proyectos electorales presentaron propuestas en energía y sustentabilidad?. En lo que tratamos de encontrar la respuesta (la cual será muy seguramente nula), también es momento de comenzar a plantear escenarios para retornar a la senda del progreso y la modernidad, que en el “mexicano de a pie” significa empleo, mejores ingresos, oferta educativa de calidad y prosperidad. Trayendo a la palestra (de nuevo), la frase acuñada por el autor de estas líneas: “Un país sin energía, es un país sin futuro”.
Ante esto, voy aburrirles un poco con una serie de datos que son de gran importancia para concluir el breviario analítico que les planteo hoy, comenzando con un dato provisto por una de las grandes figuras del medio energético del país: Erick Sánchez Salas (IHS Markit México); compartió vía Twitter que, según la ONG multisectorial “The Inverstor Agenda”, un grupo de 450 inversionistas y operadores de más de 41 trillones de dólares en activos envían un aviso a los gobiernos del orbe para alinear y fortalecer de manera prioritaria las políticas públicas a los Acuerdos de París, así como las estrategias en torno a criterios de Gobernanza Ambiental-Social-Sustentable (ESG, por sus siglas en inglés), como un pre requisito para que las inversiones aplicadas en sus localidades, sean posibles y fluyan adecuadamente. Básicamente es un “sin visión ni Estado de Derecho, no hay dinero”, dirigido a los gobiernos de los países en desarrollo, como México. Por lo que, aquellos políticos y líderes que centren sus estrategias de inversión en Juicios de Amparo, están francamente perdidos, comenzando por el hecho de que, ninguna empresa serie (sobre todo extranjera), basa su desarrollo de negocios e inversiones en litigios; es necesario encontrar una segunda vía.
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En este sentido, hay que recordar brevemente que el Gobierno Federal se encuentra en una estrategia de centralización de la actividad energética, con miras a convertirla en un estandarte político, más no productivo; lo cual ha traído como consecuencia una pérdida estimada en 40 MMDD, según BBVA; pérdida derivada en razón de la paralización del sector energético por las controversias legales (amparos), que hasta la fecha no se han resuelto y que, las suspensiones otorgadas por los Juzgados especializados, únicamente han provocado que el gobierno detenga temporalmente sus pretensiones estatizadoras, pero sin dejar avanzar ni un ápice las inversiones en materia energética. Lo que se ha traducido, para el común denominador de la población mexicana en terribles incrementos en los precios y costos de energía eléctrica, gas natural, gas L.P. y gasolina; ante la destrucción de la competitividad que, por su naturaleza, motiva a un descenso en los precios, prevaleciendo únicamente las empresas productivas del gobierno.
Sin pasar por alto que, en los últimos 12 meses se han tenido más apagones que en los últimos 20 años, lo cuales, según estimaciones de diversas agrupaciones empresariales se suman pérdidas hasta por los 7.5 MMDD tan sólo con los eventos de 2020 e inicios de 2021, de igual manera, el hecho de frenar las operaciones en cientos de empresas afectadas por las políticas energéticas, decenas de miles de personas han quedado sin empleo y, peor aún, las y los jóvenes estudiantes ven truncadas sus oportunidades de trabajo en el sector energético.
En fin, el escenario pareciera dantesco y aún nos faltan 3 años más de la administración del presidente, quién después del 06 de junio ha radicalizado su discurso y públicamente ha manifestado su intención de tomar el sector energético del país a toda costa y a todo costo en favor de CFE y PEMEX. Lo cual, bajo la dinámica ya referida en párrafos que anteceden, son señales que indican un futuro poco halagüeño para la población mexicana y los diversos sectores productivos del país que dependen de manera directa e indirecta del energético.
Sin embargo, como reza el vetusto adagio: “Todo tiene solución, menos la muerte”; hay soluciones, respuestas y formas de salir adelante, pero no siempre son las formas más ortodoxas, hay que reconocer que en estos días se viven situaciones extremas en muchos sentidos y, las vías para recuperarnos de una destrucción sistemática, tendrá que ser poco convencional.
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De ahí parte la iniciativa del “Municipalismo” o “Regionalización” energética, como una vía alternativa para que los Estados y Municipios reduzcan su dependencia a la Comisión Federal de Electricidad. Basta y sobra con conocer a fondo el marco legal en materia energética para observar la enorme posibilidad de convertir a un Estado o varios Municipios en regulados energéticos y crear una Empresa Pública a nivel local, tal como es el caso de Empresas Públicas de Medellín en Colombia (EPM), misma que tiene más de 50 años haciendo negocios en materia de agua, alcantarillado, alumbrado público, con una actualización en los últimos años hacia las telecomunicaciones, gas y energía; cabe señalar que Colombia, país que a partir de nuestra Reforma Energética de 2012, hizo una armonización legal y normativa que les permitió contar con una configuración muy parecida a la mexicana, brindando la plataforma a empresas como EPM y ampliar su espectro de servicios hacia el sector de energía, en donde ha mostrado contar con una eficiencia por encima de lo satisfactorio.
Es en este sentido que, los Ayuntamientos puedan constituir sus propias Empresas Públicas en solitario o en conjunto con otros, incluso sus propios gobiernos Estatales; obteniendo los permisos correspondientes desde generación (privilegiando a las energías renovables) hasta suministro básico, estableciendo el andamiaje legal y administrativo para que, en uso diligente de las Asociaciones Público Privadas, se puedan contar con Subastas Eléctricas de Largo Plazo regionalizadas, al mismo tiempo que despresuriza la carga operativa del Sistema Eléctrico Nacional, migrando a redes regionales o locales controladas por organismos locales en conjunto con el CENACE, haciendo procesos más eficientes, como en el caso de dar pie a modelos que utilicen la Generación Distribuida de manera intensiva, el uso de tecnologías como el blockchain y la incursión de esquemas de redes comunitarias energéticas; en fin, esto desarrollándose con energía más limpia y segura, pero sobre todo más económica para el ciudadano y consumidores.
Estos modelos también generan una derrama económica muy importante para los Estados y Municipios, sin pasar por alto que, el modelo que aquí se propone abre las puertas a la iniciativa privada que ha sido desplazada y golpeada por el gobierno, para poder continuar participando en el mercado, dotando tecnología, competitividad y desarrollo. Además de alentar la mejora regulatoria y el desarrollo de procesos de gestión gubernativa más eficientes, rápidos y concretos; lo que genera también un sustancial combate a la corrupción, toda vez que la industria energética requiere de procesos de alto grado de transparencia y mejores prácticas. No dejemos de mencionar que todo esto abonará a que, desde lo local, se siga abonando al cumplimiento de los Acuerdos de París y a diversos Tratados Internacionales en materia ambiental y comercial, como es el caso del T-MEC.
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Ahora bien, en el plano legislativo y político, el hecho de que los gobiernos Estatales o Municipales detenten permisos de actividades reguladas en materia energética les provee un “aura de protección” con la cual no se cuenta en el sector privado, en virtud de que estas entidades, por ministerio constitucional forman parte del Estado Mexicano, no existiendo impedimento legal alguno para su conformación y que, en caso de que el gobierno se disponga a atacarlas de alguna forma, en esta estrategia de lawfare que ha emprendido desde 2019, ahora el presidente estará atacando directamente a las instituciones constitucionales y, propiamente al Estado Mexicano, dando pie a posibles consecuencias de derecho que hagan peligrar su estabilidad jurídica. Sin embargo, esto no exenta a que, desde el Congreso de la Unión y los Locales, se tenga que poner manos a la obra en nueva legislación que le brinde un “blindaje” legal que cierre cualquier posibilidad de ser debilitadas por el gobierno, aprovechando la enorme pluralidad que se tiene en la Cámara Baja, misma que da pie a que se puedan llegar a consensos legislativos en favor de las personas y la industria energética, mismo que de forma indirecta llama al progreso y desarrollo económico de regiones históricamente abandonadas.
Finalmente, y no menos importante, el horizonte educativo y en desarrollo científico se amplía de manera importante para las instituciones de educación superior públicas y privadas, puesto que se tendrán que desarrollar nuevos planes de estudio para dotar a la industria de el imprescindible elemento humano debidamente preparado y capacitado para una correcta operación y servicios de estas Empresas Públicas Locales.
En fin, las oportunidades están aquí, ahora y listas para tomarse, ¿Quién quisiera hacer historia?, es el momento, mañana quizás ya no se pueda.
Contacto:
*Santiago Fabián Arroyo Seguedo es CEO y Founder de URSUS Trade & Colsunting.
Twitter: @SarroyoSi
Mail: sarroyo@ursusgas.mx
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Invitado Forbes
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