CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular ampliar los delitos que serán castigados con prisión preventiva oficiosa, entre ellos enriquecimiento ilícito, violencia sexual contra menores, feminicidio y robo a casa habitación y a transporte de carga.
También los delitos relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales, huachicoleo, desaparición forzada de personas y uso de armas de fuego y explosivos de manejo exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
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A discusión esta semana ley sobre prisión preventiva oficiosa en San Lázaro
El dictamen se aprobó en lo general por 266 votos favor, 127 en contra y dos abstenciones.
No obstante, con la aprobación de una reserva al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentada por la diputada de Morena Martha Patricia Ramírez Lucero, el dictamen regresará a la Cámara de Senadores.
Las reformas avaladas en San Lázaro modifican los códigos Nacional de Procedimientos Penales y Penal Federal, las leyes generales en materia de Delitos Electorales, de Salud, de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Igualmente se modificaron las leyes federales para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; de Armas de Fuego y Explosivos, y la Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Al fundamentar el dictamen, el diputado de Morena Rubén Cayetano García, secretario de la Comisión de Justicia, precisó que el dictamen reforma nueve leyes y más de 15 artículos.
De acuerdo con Cayetano García, los delitos castigados con prisión preventiva oficiosa “son de carácter grave y lesionan significativamente el tejido social, impidiendo la correcta administración de justicia en favor de la sociedad mexicana”.
Asimismo, resaltó que el dictamen permite la posibilidad de que, incluso implementada la prisión preventiva oficiosa, las partes pueden acceder a un acuerdo reparatorio y, por efecto, a la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva.
Legisladores del PAN, PRI, MC y PRD cuestionaron el dictamen al considerar que con las reformas propuestas no se acabará la inseguridad y, por el contrario, se lesionarán los derechos humanos de los más pobres, que son los que no tienen recursos para defenderse.
Martha Tagle, legisladora panista, festinó que se modificara el dictamen y se regresara al Senado, porque eso –dijo– “dará una oportunidad de que la mayoría de Morena reflexione sobre los riesgos de aprobar el dictamen tal como está”.
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