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Sobre los DEGs: beneficios, riesgos y confusiones
Si algo nos ha dejado la pandemia, son los aprendizajes sobre diversos temas, desde epidemiología y vacunas hasta pobreza y desigualdad. Las lecciones de las últimas dos semanas han sido sobre el tema de los DEGs —los recursos por 650 mil millones de dólares (mmd) que el 23 de agosto transfirió el Fondo Monetario Internacional (FMI) a sus miembros, incluido México—.
Posiblemente leímos a la mismísima directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva explicar que son activos de reserva internacional, que el monto emitido es el más elevado en la historia y que servirá para acrecentar la confianza de los mercados y que los países satisfagan sus necesidades de largo plazo. Habremos escuchado al Gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, aclarar que son un activo que se contabiliza como parte de la reserva internacional del Banco de México, mas no una donación, y que la Secretaría de Hacienda bien podría usar recursos de esa reserva para pagar deuda solo si los compra al Banco de México, como lo ha hecho tantas veces en el pasado. Quizás leímos también el comunicado de prensa del mismo Banco que puntualiza que con el aumento de la reserva por la asignación de DEGs se da, en contrapartida, un incremento por el mismo monto en el pasivo del balance del banco central, y que, de acuerdo a la Ley del Banco de México, la reserva “tendrá como único objeto coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los ingresos y los egresos de divisas del país”.
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El equipo de Estudios Económicos de Citibanamex intentó abonar a la discusión y exponer de forma relativamente sencilla los puntos centrales de la misma en esta nota, haciendo énfasis en lo que el marco legal actual permite y no permite hacer con los DEGs. En resumen, anticipamos que, efectivamente, la asignación a México por el equivalente a 12 mmd (alrededor de 1% del PIB) iría a la reserva internacional del Banco de México (como después lo confirmaría Banxico), y no directamente a la Secretaría de Hacienda como algunos especulaban. Explicamos por qué no son una donación ni un activo de uso irrestricto y de libre costo, y por qué, dado lo establecido en el acuerdo de adhesión entre México y el FMI, la Ley Banxico, y la misma Constitución, no es posible usar los recursos de la reserva internacional para pago de deuda pública sin que el gobierno federal entregue a cambio el equivalente en pesos.
Afirmamos también que, en todo caso, no hay duda de que el aumento de la reserva otorga al país, en general, una mayor solidez macrofinanciera. Con un 6% más de reservas, es posible que disminuyan las primas de riesgo soberano y el gobierno pueda financiarse a un menor costo, en cuyo caso podría intercambiar pasivos y con ello disminuir su costo financiero. México también podría cancelar su Línea de Crédito Flexible de 63 mmd con el FMI, lo que implicaría ahorros anuales a la hacienda pública por hasta 170 millones de dólares. Por otro lado, con reservas que exceden ahora los 200 mmd hay más margen para hacer uso de esos activos, lo que incluye intervenciones en el mercado cambiario (por ejemplo, en caso de episodios de turbulencia financiera como los muchos que se han visto en los últimos 5 años, no solo durante la crisis pandémica), así como el intercambio de dólares o euros por DEGs con economías más necesitadas de monedas duras.
A pesar de lo mucho que se ha escrito ya sobre el tema, y los beneficios claros para la estabilidad financiera del país, persiste la duda y el sospechosismo sobre la asignación de DEGs y su posible uso, y aparecen declaraciones equivocadas por uno y otro lado. No sorprende, primero por tratarse de un tema altamente técnico y ajeno a las conversaciones cotidianas —incluso en el contexto de la pandemia—. Pero sobre todo porque la discusión se ha enmarcado en un discurso de polarización pueril, sobrado y, en muchos casos, fantástico. De ellos contra nosotros. De ultratecnócratas contra el pueblo. De leyes contra voluntades.
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En distintos medios he visto referenciados puntos que, desde mi perspectiva, son incorrectos o, en el mejor de los casos, dan una visión incompleta sobre los DEGs y su posible uso. Por ejemplo, que los recursos son parte de un fondo en el que todos los países miembros del FMI van aportando. No. Con base en su Acuerdo Constitutivo, el FMI está facultado para crear liquidez incondicional a través de emisiones de DEGs que se reparten entre sus miembros de acuerdo a sus cuotas de participación. Una vez que se reciben, se vuelven un activo de reserva para el país en cuestión (que típicamente se constituye en el banco central), pero también un pasivo, que es otra manera de llamarle a una deuda. Tanto el activo como el pasivo generan interés a una misma tasa, por lo que en el neto el costo de ese recurso es cero… si no se usa. Si sí se usa, la deuda con el FMI sigue generando interés que habrá que pagar. No hay vaquitas ni tandas.
Se ha argumentado también que las reservas de Banxico están altas, y que recursos adicionales a la reserva serían ociosos. Sí y no. El nivel de reservas se ha ubicado sostenidamente por encima de los umbrales mínimos sugeridos por organismos internacionales y, aun sin la reciente transferencia de DEGs, ya se encontraba cerca de su máximo histórico de 196 mmd. Sin embargo, bajo distintas métricas, todavía se encuentra bien por debajo del promedio internacional. Además, ya señalamos que un aumento en la reserva trae beneficios importantes, incluidos posibles ahorros para el gobierno por emisión de deuda a un costo menor o por la posible cancelación de líneas de crédito que se vuelven redundantes, por lo que incluso “estacionados” son provechosos. La otra cara de la moneda es que sí hay un costo de oportunidad por no usar activos que podrían tener un rendimiento económico o social mayor, y si bien las leyes y los acuerdos actuales no permiten que los nuevos DEGs se destinen directamente a pago de deuda o a gasto corriente (como la compra de vacunas), que sí sucederá en otros países, este evento nos debería incitar a cuestionar si el marco regulatorio que ha estado vigente desde hace varias décadas es el adecuado hoy.
Por otro lado, también se ha dicho que, bueno,sí hay una tasa de interés por esa deuda, pero es baja y no implica riesgos. Más o menos. La tasa de interés en DEGs es un promedio (ponderado y ajustado por efectos cambiarios) de otras tasas de interés asociadas a monedas de reserva como el dólar, el euro y la libra esterlina. Hoy es baja, sí, de apenas 0.05%, pero en los últimos 15-20 años ha estado cerca de 4% por periodos prolongados (sobre todo antes de la crisis de 2009). Si bien no se anticipa que las tasas de las principales economías avanzadas se eleven mucho en los próximos años, la pandemia y el proceso inflacionario global que enfrentamos hacen que la incertidumbre se mantenga elevada. Además, así como el FMI puede emitir DEGs, también puede cancelarlos o pedir a los países que reconstituyan sus reservas de DEGs, por ejemplo.
Ahondando sobre los riesgos, desde que se empezó a barajar la posibilidad de emitir este cuantioso monto de DEGs a nivel global, el FMI advirtió que los habría. Menciono dos. Primero, aun si el aumento en las reservas por los nuevos DEGs es real, podría hacer que los países retrasaran injustificadamente la implementación de reformas estructurales o ajustes macroeconómicos necesarios. Segundo, el FMI veía plausible que los países quisieran hacer uso de los DEGs sin entender los costos y los riesgos asociados, por lo que dijo que sería necesario trabajar de la mano con los gobiernos y los bancos centrales para evitar confusiones.
En México parece que se materializan ambos riesgos, y el gobierno ha hecho poco por paliar la desinformación —que esa sí es ociosa y desgasta—. Por un lado, el presidente insiste en hacer uso de los DEGs para propósitos distintos de los enmarcados en la ley, cuando la discusión debería centrarse en reformas de fondo que permitan un aumento sostenido de los ingresos públicos y en ajustes significativos al gasto que incentiven el crecimiento y el desarrollo económico de largo plazo (e.g., destinando mayores recursos a la inversión pública y fomentando activamente la inversión privada). Por otro, el presidente nos dice que la iniciativa del uso de los DEGs para pago de deuda vino del Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Es extraño que hasta el momento, sobre todo dada la intensidad del debate, no se haya pronunciado, al menos para aclarar el malentendido. Mientras no lo haga, la incertidumbre y el desconcierto persistirán.
Adrián de la Garza es economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex*
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
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Adrián de la Garza
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