CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Decenas de organizaciones de defensa de la infancia, de los trabajadores agrícolas e indígenas, así como académicos y activistas reprocharon la desaparición del Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), situación que afecta de manera preponderante a infancias indígenas jornaleras, lo que representa un retroceso en general de condiciones a los derechos humanos”.
En una carta abierta dirigida a las diputadas Adela Piña y Martha Hortencia Garay, presidentas de las comisiones de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables e integrante de las comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia y Educación de la Cámara de Diputados, demandaron la asignación de recursos de dicho programa.
Además, solicitaron a la Secretaría de Educación Pública “un diagnóstico de la situación educativa de las infancias indígenas jornaleras agrícolas migrantes, a fin de obtener información necesaria para realizar una mejor planeación y evaluación del programa educativo pertinente, de calidad y con recursos suficientes para asegurar el derecho a la educación de estas infancias”.
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Los firmantes pidieron abrir espacios de diálogo con las infancias indígenas jornaleras migrantes y sus familias para conocer las necesidades y prioridades reconociéndoles como sujetos de derechos.
Al señalar que las infancias indígenas jornaleras migrantes tienen derecho a la educación como todas las niñas, niños y adolescentes, las organizaciones y activistas destacaron que el PIEE tiene entre sus objetivos dar atención a ese sector “con un enfoque intercultural, que permite dar respuesta a una de las obligaciones constitucionales del Estado mexicano, garantizar el acceso a la educación a un sector que se enfrenta y vive en contextos complejos derivados de la intersección de distintas vulnerabilidades”.
Puntualizaron que ante, esa realidad, “la eliminación del presupuesto presupone un retroceso en generar condiciones de acceso a los derechos humanos, lo que a su vez implica impedir el acceso a la educación y participación contemplados en la Ley General de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes”.
Los firmantes recordaron que desde la reforma al artículo 27 de la Constitución, durante los gobiernos neoliberales, ha prevalecido la pauperización de las familias campesinas, lo que “las ha llevado a la búsqueda de nuevos modos de subsistencia en la que destacan la migración interna e internacional, caracterizada por la incorporación de la agroindustria”, sector al que por la pobreza se han incorporado mujeres, niñas, niños y adolescentes, “como parte de un mercado laboral precario y violatorio de los derechos humanos y derechos laborales”.
Destacaron que en la Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO 2009), un 60% de esa población era originaria de localidades de alta o muy alta marginación y cerca de 40% pertenecía a una comunidad indígena y era hablante de 29 lenguas indígenas.
También que la escolaridad promedio de las y los jornaleros agrícolas migrantes de 15 años en adelante era de 4.5% años, mientras que la media nacional es de 8.1 años; en cuanto a las infancias trabajadoras, 60% de las niñas, niños y adolescentes “llevaba a cabo actividades remuneradas en el campo: 10% actividades comerciales, ganadería, albañilería, etcétera, y 30% desempeñaba actividades domésticas”.
Las organizaciones sociales y los activistas firmantes de la carta destacaron que además de las condiciones económicas y laborales de la niñez indígena migrante, “la falta de servicios educativos, de oportunidades por parte de figuras educativas con formación o experiencia profesional suficiente, así como la carencia de mobiliario y condiciones adecuadas para el aprendizaje” obstaculizan la entrada y permanencia en el Sistema Educativo Nacional (SEN) de la niñez jornalera migrante.
Consideraron que la desaparición del programa educativo destinado para atender a las infancias indígenas jornaleras agrícolas migrantes, “las pone en una situación de mayor riesgo”, y significa “perpetuar la deuda histórica que tiene nuestro país con las infancias indígenas, asimismo invisibilizar a miles de niños y niñas indígenas cuya infancia se desarrolla en distintos estados de nuestro país en los campos agrícolas”.
Para las organizaciones y activistas, la niñez y adolescencia indígenas jornaleras migrantes, que han sido marginadas de su derecho a la educación, “requiere urgentemente de un programa con enfoque intercultural que dé respuesta a las condiciones de movilidad y de pertenencia cultural”.
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Por ello insistieron a las diputadas en la pertinencia de mantener el Programa de Inclusión y Equidad Educativa, que atiende a esa población marginada del país.
Firmaron la carta el Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad, el Colectivo de Arte Comunitario Lxs de Abajo; Red Intercultural para el Buen Vivir; Red Nacional de Jornaleros y Jornaleros Agrícolas; Red por los Derechos de la Infancia; Red Educación de las Personas Jóvenes y Adultas; Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes; Red Latinoamericana de Investigación y Reflexión con niñas, niños y adolescentes y Grupo de Trabajo de Jornaleros/as agrícolas de Sonora, además de académicos y activistas.
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