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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese al impacto del covid-19 en la economía norteamericana, las remesas continúan su racha positiva, aunque con un menor ritmo en su crecimiento.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), en agosto pasado los envíos de dinero que realizaron los mexicanos en el extranjero a sus familias sumaron un total de tres mil 574 millones de dólares, lo que significa un alza anual de 5.3%; sin embargo, dicha cifra es menor a la registrada en julio, cuando la tasa de crecimiento fue de 7.2%; mientras que en junio alcanzó las remesas se elevaron 9.9% anual.

La fortaleza de las remesas se debe a que la tasa de desempleo en Estados Unidos está disminuyendo rápidamente en los últimos meses, señaló el análisis de BBVA Research.

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Tan solo en el mes de abril de 2020, la tasa de desempleo llegó a 14.7%, mientras para el mes de agosto se encontró en 8.4%, nivel inferior al máximo alcanzado durante la recesión financiera mundial de 2009.

De hecho, el análisis elaborado por Juan José Li Ng acotó que la tasa de desempleo observada durante el mes de agosto es equiparable a la que se tenía registrada a principios de 2012, lo que permite visualizar una rápida recuperación económica durante el actual contexto de pandemia.

Actualmente, solo ha tomado cuatro meses bajar la tasa de desempleo a un nivel de 8.4%, mientras que en la pasada crisis financiera tomó alrededor de 30 meses.

Sin embargo, acotó, en Estados Unidos todavía falta mucho para recuperar el empleo a nivel nacional a los niveles previos a la pandemia, incluyendo el empleo de la población hispana en este país.

Se estima que durante el mes de agosto el total de la fuerza laboral en Estados Unidos fue de 11.5 millones de trabajadores menos que lo observado en el mes de febrero de este año.

México ha sido uno de los países en la región de América Latina y el Caribe que menos ha observado afectación en su flujo de remesas debido a la crisis por covid-19.

Durante los primeros ocho meses de 2020, solo en el mes de abril se observó una contracción en su flujo de remesas, la cual tampoco fue de una magnitud relevante (con una caída del 2.0%).

“El fuerte aumento de las remesas a México durante el mes de marzo y el crecimiento sostenido durante los meses de mayo a agosto, no solo atenúan los posibles efectos negativos que se pronosticaban por la covid-19, sino que superan las estimaciones que se tenían de las remesas a principio de año, previo a la pandemia”, acotó BBVA.

Remesas a AL se recuperan

El análisis destacó que debido a la crisis por covid-19, entre los meses de marzo a mayo, en diversos países de América Latina y el Caribe se observaron importantes caídas en el flujo de remesas.

Sin embargo, matizó, a partir del mes de junio, los flujos de remesas a Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Colombia presentaron tasas de crecimiento positivas, superando el flujo observado en el año anterior.

En el caso de República Dominicana es notorio, debido a que entre mayo y agosto promedió una tasa de crecimiento de las remesas de 23.8% a tasa anual. Cabe señalar que estos cuatro países analizados junto con México, concentran casi 70% de las remesas que llegan a América Latina y el Caribe.

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El Comité 68 decidió hacer sólo un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco este viernes 2 de octubre, en vez de la tradicional marcha hacia el Zócalo capitalino, para conmemorar los 52 años de la masacre de estudiantes de 1968; sin embargo, “hay otros grupos” que sí plantean hacer algunas movilizaciones, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Los organizadores informaron que no habrá marcha para evitar confrontaciones con los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO, quienes desde la semana instalaron un plantón en el Zócalo capitalino, además de evitar más contagios por covid-19.

“Tomaron la decisión de mejor hacer un mitin, una concentración en Tlatelolco. Se está trabajando con ellos, va a haber un evento en la mañana como siempre hay ahí en Tlatelolco y, posteriormente, ya la demostración política que siempre se hace el 2 de octubre con sana distancia”, explicó la mandataria local al término de la presentación de una planta de tratamiento de agua en Azcapotzalco.

Los organizadores, agregó, les pidieron que no hubiera presencia policiaca en el sitio esa tarde, pero que sí los apoyaran para tener filtros sanitarios “y algunas otras cuestiones que estamos haciendo en apoyo del desarrollo de esta manifestación pacífica que se llevará a cabo en la Plaza de las Tres Culturas”.

No obstante, dijo que hay “otros grupos que plantean que de todas maneras van a hacer algunas movilizaciones”.

Para ello, aclaró que con el protocolo para manifestaciones y la presencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) “se irán tomando decisiones y algunas acciones previas” acordadas con las secretarías de Seguridad Ciudadana y Gobierno “para evitar que haya la confrontación con el grupo que está en el Zócalo”.

Añadió que con los grupos que quieren manifestarse “se está buscando diálogo y, si no hay, pues de todas maneras se estará operando con el protocolo que ya está aprobado junto con la Comisión de Derechos Humanos.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Billetes de 200 pesos con las iniciales de Joaquín El Chapo Guzmán impresas circulan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Según información del diario digital Riodoce, los billetes fueron expedidos el 27 de septiembre en un cajero automático ubicado frente a Soriana Zapata, de la capital sinaloense.

“DE SU AMIGO JGL”, se lee en los billetes; la tinta utilizada es indeleble y de color vino.

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Riodoce refiere en su nota que dichos billetes fueron emitidos en 2019 por el Banco de México, esto es, dos meses después de que el exlíder del Cártel de Sinaloa fuera condenado a cadena perpetua más 30 años por los delitos de liderar una empresa criminal continua, conspirar para cometer asesinato y traficar mariguana, cocaína, metanfetamina y heroína hacia los Estados Unidos.

Salvo el sello con las iniciales del Chapo, dice el diario, el billete no presenta ningún daño, por lo que de acuerdo a personal del banco Banamex y tiendas Oxxo consultados, es válido y puede ser utilizado para cualquier compra o pago.

Joaquín Guzmán Loera se encuentra preso en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, cumpliendo una condena de cadena perpetua.

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación por la intención del Congreso de eliminar el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como parte del proyecto para disolver 109 fideicomisos públicos.

El organismo pidió a los legisladores asegurar los recursos económicos de dicho Fondo, “ya que autorizar la propuesta que busca centralizar la administración de éste, sin las previsiones debidas, generaría obstáculos administrativos y burocráticos para acceder con la inmediatez a los recursos para implementar medidas de protección y auxilio a las personas defensoras y periodistas que han sido víctimas de agresiones”.

En un comunicado, la CNDH pidió a las autoridades “la impostergable creación de una política integral de prevención, protección y procuración de justicia, en la que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas juegue un papel fundamental, además de las condiciones políticas, jurídicas y presupuestarias para su óptimo funcionamiento”.

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Recordó que, gracias a dicho Fondo, las personas beneficiarias del Mecanismo de Protección han podido continuar su labor “en beneficio de la sociedad, por lo que no debe perderse de vista la importancia de transparentar el ejercicio del presupuesto público, evitar la opacidad en su manejo, promover su eficiente uso e impedir su desvío de los fines para el que está destinado”.

Asimismo, advirtió que la importancia del fideicomiso utilizado por el Mecanismo de Protección tiene su fundamento en los “altos índices de violencia en contra de personas defensoras, periodistas y comunicadores, quienes arriesgan su vida al realizar labores de defensa y denuncia pública, sobre múltiples situaciones como la inseguridad y corrupción, cuyas agresiones ocurren en contextos de especial o extrema vulnerabilidad, al relacionarse, en gran medida, con la presencia del crimen organizado”.

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También recordó que las autoridades de los tres niveles de gobierno son responsables de la “prevención y protección de las personas defensoras y periodistas, al advertir que existe el riesgo real e inminente de que se produzcan crímenes en su contra, cuando enfrentan violencia, impunidad y autocensura, aunado a la existencia o insuficiencia de medidas oportunas e idóneas para atender esos contextos”.

La CNDH advirtió que dará seguimiento a la discusión parlamentaria, en espera de que se conserve el fideicomiso público que opera el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La confirmación del gobierno federal sobre las labores de búsqueda forense que se realizan en el poblado de Carrizalillo, para determinar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, significa un reconocimiento oficial de que la confrontación que mantienen grupos delictivos en la zona minera de la entidad ha dejado una estela de desaparecidos, homicidios y desplazamiento forzado de personas.

Durante la presentación del informe sobre el caso Ayotzinapa el pasado sábado 26 en Palacio Nacional, el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, reveló que familiares de los 43 estuvieron la semana pasada en la comunidad de Carrizalillo, donde desde octubre de 2014, los pobladores denunciaron que sicarios de Guerreros Unidos habrían trasladado a un grupo de normalistas a este lugar donde se encuentran las minas Los Filos – El Bermejal, ambas explotadas por las empresas canadienses Equinox Gold y Leagold Mining.

El reciente anuncio de Gómez Trejo confirmó la pista que Proceso documentó hace seis años en la nota titulada “Señalan a pandilleros de “Los Peques” como agresores de normalistas”, y que fue omitida por el gobierno federal anterior.

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De esta manera, el funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR) admitió públicamente que en este año han visitado en dos ocasiones la zona minera de Carrizalillo por los señalamientos de que en este lugar habrían sido trasladados una parte de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y donde han realizado labores de búsqueda forense.

De hecho, el mismo sábado 26, el grupo delictivo de La Bandera, una facción de Guerreros Unidos tapizó con narcomantas la ciudad de Iguala donde aseguró que los integrantes de la banda de Los Peques “se llevaron a 17 estudiantes a la (policía) preventiva y después a Cocula; 12 alumnos fueron enviados a Apetlanca donde el líder es Erick Román y su familia, ellos se encargaron de desaparecerlos, y 14 a Mezcala – Carrizalillo donde el líder era El Nueve, junto a Kiko, Cebú, Caballerango y El Monstruo. Estos últimos donde Marcelo Ríos (líder de la CTM en la zona minera de Cocula) tiene sus tiraderos de gente que le estorba”.

Los sitios donde presuntamente fueron trasladados los 43 normalistas de Ayotzinapa, son puntos estratégicos de la franja minera en la entidad que a la fecha siguen bajo fuego y presiones de la delincuencia.

Implicación de mineras

En este contexto, se advierte la implicación de empresas mineras y autoridades de los tres niveles en los crímenes registrados en las inmediaciones de las minas ubicadas en  los municipios de Eduardo Neri, Cocula, Cuetzala del Progreso, Teloloapan y Arcelia donde la delincuencia lo controla todo y se han convertido en zonas silenciadas.

Ello debido a que las concesiones mineras explotadas por compañías nacionales y extranjeras están asentadas en poblados donde operan grupos delictivos como Los Tlacos, Guerreros Unidos y La Familia Michoacana, indican reportes oficiales del gobierno estatal.

Incluso, la minera canadiense Torex Gold Resources que dirige Fred Estanford emitió un informe público hace cuatro meses donde afirmó que las comunidades del municipio de Cocula donde esta asentada la mina El Limón – Los Guajes y explotadas por su filial Media Luna,  “pueden estar influenciadas por entidades externas, grupos u organizaciones opuestas a la minería”.

El empresario extranjero reprochó “la incapacidad o falta de voluntad” del gobierno federal y estatal para “hacer cumplir la ley” o “restablecer el orden” en Guerrero y advirtió riesgos como secuestros de empleados y contratistas. Así como la exposición de empleados y contratistas a actividades relacionadas con el narcotráfico, el crimen, disturbios y daños o robo de activos personales, incluidos futuros envíos de oro de la compañía”, presagió la minera en su informe del año pasado.

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CAMPECHE, Cam. (apro).- Pese a que desde el pasado lunes 28 el semáforo epidemiológico en la entidad pasó a color verde, autoridades estatales y federales convinieron en no adelantar los tiempos para el retorno a clases presenciales.

En reunión virtual, el gobernador Carlos Miguel Aysa González; el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, concordaron en que es prioritario salvaguardar la salud de alumnos y mentores.

Los funcionarios reconocieron que aún no hay condiciones suficientes para garantizar el regreso a clases y que la movilidad interestatal, entre otros factores, afectaría la salud.

Debido a lo anterior, no es posible aún fijar una fecha para el posible regreso a clases presenciales en la entidad.

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Aysa, Moctezuma y López-Gatel acordaron que la reapertura de las aulas será gradual, en función de que exista la certeza de que el semáforo epidemiológico verde se mantenga y que la movilidad de los estados aledaños que continúan en naranja o amarillo no afecte el grado que ahora tiene Campeche.

Si se abrieran en este momento las aulas de las escuelas en Campeche, eso implicaría una serie de desplazamientos interestatales que pueden afectar “el éxito de las políticas y medidas de salud y educación” que asegura tener esta entidad, apuntaron.

Y recordaron que en varios países donde se apresuró el regreso a las escuelas tuvieron que volver a cerrarlas debido a los rebrotes de covid-19.

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En la reunión virtual también participaron el subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, y el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, Enrique Quiroz Acosta, y por Campeche los secretarios de Educación y de Salud, Ricardo Koh Cambranis y José Luis González Pinzón, respectivamente, así como representantes del IMSS e ISSSTE en la entidad.