CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 65 votos a favor, 49 en contra y una abstención, el Senado aprobó en lo general la trascendencia de la petición de consulta popular del presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a cinco expresidentes, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional.
Con letreros de “Denúncienlos” y “Consulta inútil”, senadores del PAN manifestaron su rechazo a que la justicia se ponga a consulta, mientras que los legisladores de Morena mostraron su apoyo con anuncios con frases de “Juicio a ex presidentes ¡YA!”, “Juicio a Fox”, “Juicio a Calderón” y “Juicio a Peña Nieto”.
“Aquí se nos viene a decir que no hay ningún tema de trascendencia nacional ¿Cómo no va a ser de trascendencia nacional el Fobaproa, la privatización de las industrias estratégicas, la banca, telecomunicaciones? (…) ¿el abandono al campo, lo de Acteal en Chiapas, la corrupción de todos los expresidentes, de Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto?”, preguntó Salomón Jara, de Morena, desde la tribuna.
Ante la hipocresía del PRI y del PAN, el pueblo exige #JuicioAExpresidentes#YaBastaALaImpunidad#LaConsultaVa#NiPerdonNiOlvidoParaLosCorruptos pic.twitter.com/NA7afouLr6
— Salomón Jara Cruz (@salomonj) October 7, 2020
En un debate que se extendió por más de tres horas, las y los legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD criticaron la consulta popular por considerar que para llevar a juicio a los expresidentes no hace falta preguntar lo “obvio” a la ciudadanía y basta con aplicar la ley.
Mientras que los legisladores de Morena y PT defendieron la pertinencia de que los ciudadanos manden un mensaje de respaldo a las autoridades correspondientes para perseguir los delitos del pasado.
“¡La justicia no se consulta!, si alguien tiene pruebas de algún delito, denuncien, sea quien sea. No seamos parte de esta farsa. No importa si estamos hablando de un expresidente, ¡denuncien!”, exclamó Indira de Jesús San Román, del PAN.
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🎥 @Indira_rs: La justicia no se consulta. Si hay prueba de un delito, que se denuncie; no sean parte de una consulta absurda. Ese dinero que pretenden gastar deberían destinarlo a medicamentos, a recuperar los millones de empleos perdidos. #MorenaContraMéxico pic.twitter.com/MXfEvISI4o
— Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) October 7, 2020
“Los denunciamos desde hace años a todos los expresidentes del periodo neoliberal, pero jamás procedió ninguna denuncia. Sin embargo, hace unos 10 años se reconoció en la Constitución un nuevo derecho, votar en las consultas populares en temas de trascendencia nacional, sin embargo, ese derecho fue negado durante años, era letra muerta”, respondió Martí Batres, de Morena.
“¿Por qué vamos a gastar 8 mil millones de pesos en algo que la gente racionalmente diría que sí?, y si responden que sí, no va a pasar nada porque para que se inicie una investigación tiene que haber una denuncia, solo se puede ir a un proceso penal por razones de oficio o razones de querella. Dicen aquí que ya denunciaron a corruptos del pasado, pero que la fiscalía anterior no daba resultados. Entonces ¿no confían en el fiscal (Alejandro) Gertz?”, preguntó, a su vez, la senadora del PRI, Claudia Anaya.
El debate también versó sobre la supuesta presión que habría ejercido el presidente para que la Suprema Corte avalara la consulta. Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, acusó que desde la mañanera López Obrador “montó un circo mediático con el objetivo de agraviar, intimidar y coaccionar a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
“El 30 de septiembre amagó a los ministros, diciendo que, de rechazar su consulta, incurrirían en una ‘simulación’”, ejemplificó Delgado. “Eso, aquí y en cualquier parte, eso es un atropello a la división de poderes y un síntoma de autocracia”.
El pasado 1 de octubre la Suprema Corte declaró la constitucionalidad de la materia de la consulta para enjuiciar a expresidentes e incluyó una pregunta totalmente distinta a la que envió el presidente sobre si se debía investigar y sancionar a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En su lugar, los mexicanos tendrán que responder si están o no de acuerdo en que se lleven a cabo “las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.
Dicha pregunta ya no puede ser modificada. Tanto a la Cámara de Senadores como a la de Diputados les corresponde votar su trascendencia nacional y emitir la convocatoria.
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En caso de ser aprobada, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.
De acuerdo al artículo 35 constitucional, las consultas populares se realizarán el primer domingo de agosto.
Cuando la participación total en la consulta corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes. Pero no para la Fiscalía General de la República que es autónoma.
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