CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La relatora especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mary Lawlor, urgió al Estado mexicano a garantizar “fondos y recursos” para el adecuado funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, ya que para algunos, como los defensores del medio ambiente, su vida “puede depender de ello”.
En el contexto del debate en el Congreso de la Unión sobre la eliminación de los fideicomisos, entre ellos el Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, la relatora de la ONU alentó a escuchar “la voz de las personas defensoras” sobre las decisiones políticas “que refieran o afecten a su protección, y la capacidad de continuar con su legítima labor en materia de derechos humanos”.
En un pronunciamiento, respaldado por el relator especial sobre Derechos Humanos y el Medio Ambiente, David R. Boyd, la experta exhortó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador “a que siga adoptando medidas adicionales para crear un entorno seguro y propicio en México” para defensores de derechos humanos.
Lawlor reconoció al gobierno de López Obrador por solicitar al Senado la ratificación del Acuerdo de Escazú, por el que los Estados de América se comprometen a proteger al medio ambiente y a los defensores, lo que “refleja la responsabilidad de México”.
Luego de señalar que López Obrador envió al Senado el Acuerdo en agosto pasado, la relatora resaltó que el convenio firmado por 24 países “establece claras garantías para la protección de las personas defensoras de medio ambiente”.
Para la experta, “la ratificación de Esazú sería una muestra importante del compromiso de México con los defensores y defensoras de los derechos humanos, que junto con los y las periodistas afrontan altos niveles de violencia en el país”.
La decisión del gobierno de López Obrador de respaldar el Acuerdo, agregó, “debería inspirar a otros poderes del gobierno a asegurar que las reformas legales, fiscales y política ahora en curso, también refuercen la protección de quienes defienden los derechos humanos”.
Con avances legales como la ratificación del Acuerdo de Escazú, abundó, “México tiene la gran oportunidad de mejorar la protección de los defensores y defensoras”.
Por ello, Lawlor insistió en que el Mecanismo Nacional de Protección, cuya creación data de 2012, “debe contar con los fondos y recursos adecuados para su correcto funcionamiento”, pues “la vida de los defensores y defensoras de los derechos humanos –incluidos los defensores del medio ambiente– puede depender de ello”.
Puntualizó: “La voz de las personas defensoras ser escuchada en cualquier decisión acerca de políticas que refieran o afecten a su protección, y la capacidad de continuar con su legítima labor en materia de derechos humanos”.
En ese sentido urgió al gobierno a “que siga adoptando medidas adicionales para crear un entorno seguro y propicio en México”.
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